La prensa y el propio presidente Iván Duque han calificado de “voto de confianza” el acuerdo de cooperación en el que el gobierno del país vecino se compromete ante la Corte Penal Internacional a portarse bien de aquí en adelante en materia de derechos humanos. No podía ser de otra manera. Ni podía ser de otra manera tampoco que el órgano de vigilancia de los derechos de los individuos no diera por terminada la investigación “preliminar” contra Colombia por la violación de derechos humanos que llevaba 17 años en curso. Ya era hora y lo lógico era que los gobiernos de Colombia insistieran en la necesidad de finiquitar esa investigación.
No es cierto que se abra una nueva etapa de colaboración del país vecino con la CPI. A los ojos del mundo ha sido transparente cómo gobierno tras gobierno la administración del país se ha esforzado para que aquellos bajo su control se encarguen de respetar y de hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Quienes se han dedicado de manera flagrante a violarlos son precisamente aquellos a quienes los gobiernos se han dedicado a perseguir y a castigar: guerrilla, narcotraficantes y grupos al margen de la ley.
Colombia atraviesa un nuevo momento en esa materia, no porque hayan pasado de moda este tipo de delitos ni porque ya no se cometan en su geografía. Se siguen cometiendo atrocidades de parte de los nuevos y viejos alzados en armas y la misma persecución de antes la sigue ejerciendo el gobierno de Iván Duque.
Lo que ocurre es que la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016 y la instauración de un régimen ad hoc y transicional de justicia desde ese momento, una fórmula que se ha vertido en la JEP (Estatuto de Justicia para la Paz) y que hoy es obligación constitucional, contiene una manera sui géneris de consideración de los crímenes cometidos dentro del contexto de la batalla del gobierno en contra de la narcoguerrilla.
Por ello, es mi opinión que este estatuto resulta incompatible con las investigaciones tradicionales de la Corte. Se le dan fin a 17 años de investigaciones de crímenes horrendos y por ello se le abra una nueva carta de conducta a Colombia, en paralelo de la cual de nuevo la administración estatal se compromete a lo que ha estado comprometida siempre: a desterrar este tipo de crímenes de su territorio.
Si hay algo resaltante en el acuerdo de cooperación suscrito entre el gobierno y la CPI es que esta reconoce que en tos 17 años de cooperación Colombia “ha fortalecido de manera efectiva la capacidad del país para administrar justicia ante los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”
Pero hay que ser bastante más exigentes en esta materia de lo que está siendo la CPI. El Estado puede comprometerse de buena fe a perseguir el crimen, lo que no quiere decir que el crimen sea desterrado porque hoy, al igual que ayer, sigue igualmente viva la cruenta guerra interna que enfrenta a la narcoguerrilla –ahora con una máscara y aliados diferentes– contra el campesinado, contra las fuerzas del orden, contra el país en general, y su manera de actuar violenta y al margen de la ley no ha hecho sino afianzarse.
Y, por otro, lado la JEP es un pésimo precedente. Este esquema transicional de administración de justicia se ha transformado en una patente de corso para la continuación del crimen y está actuando en el sentido de constituirse en una especie de amnistía en torno a los vandalismos del pasado. Los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición si no se han engavetado, están cerca de serlo.
Así que la decisión del fiscal de cerrar una investigación de más de 17 años y de archivar la investigación preliminar contra Colombia por violaciones de derechos humanos años, si bien se adapta a las circunstancias y el compromiso del gobierno de velar por los derechos humanos de los ciudadanos se ha reiterado, el acuerdo no pasa de ser una perogrullada, porque en el país vecino se siguen cometiendo excesos y crímenes de todo género y el peso de la justicia se ha diluido con la nueva JEP.
Si esta actuación de la CPI no es una patente de corso frente al futuro, el ente internacional debe estar en permanente alerta frente a situaciones que se están dado y se continuarán produciendo mientras en Colombia la paz no sea una realidad. Esa paz aún está por conseguirse.
