Después de varias postergaciones –la designación de los magistrados había sido suspendida ocho veces- y agrias acusaciones del sector que apoya a Diosdado Cabello contra el que respalda a Nicolás Maduro, finalmente el PSUV, con amplia mayoría en la Asamblea Nacional, decidió nombrar los integrantes del nuevo Tribunal Supremo de Justicia.
El número total de integrantes se redujo de 32 a 20. De esta cifra, repitieron 12, fundamentalmente de las salas Constitucional, Penal, Político Administrativa y Electoral. Es decir, las más importantes para preservar la coherencia y continuidad del régimen. La transacción entre el madurismo y el diosdadismo dio como resultado un TSJ que reproduce, casi como una fotocopia, la magistratura anterior, presidida por Maikel Moreno. Podemos suponer que, debido a que este personaje se había convertido en la manzana de la discordia, el pacto fue desplazarlo de la Sala Constitucional a la Político Administrativa, donde tendrá menor protagonismo.
En la Sala Constitucional, la más importante del Tribunal, se mantienen los aguerridos militantes de la causa chavista Juan José Mendoza Jover y Calixto Ortega Ríos, exdiputados del PSUV; y Luis Fernando Damiani Bustillos, un personaje que no ha sido diputado de esa organización, pero que ha estado ligado al chavismo desde el 4 de febrero de 1992. Con esta composición, el régimen se asegura que esa instancia seguirá actuando como una suerte de bufete de Miraflores y del PSUV. La Constitución seguirá siendo interpretada por la Sala Constitucional según las conveniencias de Maduro.
Como a Nicolás Maduro no le pareció suficiente nombrar un TSJ complaciente, seleccionó a Gladys Requena, diputada del PSUV, como inspectora de Tribunales. El dato más curioso es que la señora Requena integró el Comité de Postulaciones Judiciales que evaluó las credenciales de los aspirantes a formar parte del TSJ. Según informa Tal Cual, la diputada Requena no ha anunciado su separación del PSUV ni de su curul en la Asamblea Nacional.
La independencia del Poder Judicial, un principio republicano esencial para garantizar el funcionamiento eficaz de ese cuerpo, quedó de nuevo pulverizada. Se cumplen los preceptos establecidos hace algunas semanas por Francisco Ameliach, importante dirigente del oficialismo, en una comparecencia pública: la autonomía de los poderes públicos es una ficción malsana; lo fundamental para la revolución es mantener la cohesión y unidad del Estado. En otros términos: el modelo que el régimen venezolano debe seguir es el de Cuba, Nicaragua, Rusia o cualquier otro país autoritario, donde el poder se concentra en la cúpula gubernamental. El Poder Legislativo, el Judicial y las demás instancias integrantes del Estado deben estar subordinadas al gobierno central. Tienen que actuar como sus satélites. La fusión de todas las piezas del engranaje preserva su continuidad.
La designación de un TSJ tan opaco y sometido al presidente de la República y al PSUV representa una provocación. Lo asumo como una forma de Maduro de demostrar que es él quien maneja los hilos del poder. También, representa una manera de torpedear las conversaciones con la oposición; desconocer la opinión de los factores internacionales que plantean fortalecer el Estado de Derecho mediante el reforzamiento de la autonomía del Poder Judicial; y llegar a los comicios de 2024 en las mejores condiciones «legales» posible.
En la lista de magistrados aprobada por la AN hay de todo, menos abogados constitucionalistas o especialistas destacados. Se consiguen veteranos militantes del PSUV, exprofesores de la UCV sin el menor sentido de la lealtad con la institución que les pagó sus estudios en el exterior y dentro de la propia universidad, personas que han sido verdugos de la oposición y personajes que se han plegado al régimen sin ningún rubor. Son las fichas de Maduro y Diosdado para demostrar que hacen con el país lo que les provoca.
Este comportamiento insolente lo muestran en una coyuntura en la cual, debido a la relativa distensión existente, se ha abierto la posibilidad de restablecer los mecanismos de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición, con el fin de explorar la posibilidad de llegar a acuerdos político institucionales que permitan levantar progresivamente las sanciones que pesan sobre el régimen, a partir de reformas que creen un clima de respeto al Estado constitucional, a los derechos humanos y, especialmente, que creen la posibilidad de avanzar hacia unas votaciones libres, transparentes y supervisadas en 2024. La elección de un TSJ tan sesgado como el actual solo propicia la división opositora, el escepticismo de los venezolanos y la desconfianza de los países que desean actuar como facilitadores en la resolución de la crisis nacional.
La mayoría que posee el gobierno en el Consejo Nacional Electoral y, de nuevo, en la Sala Electoral del TSJ y en la Sala Constitucional, alimenta las sospechas de los grupos extremistas de la oposición, negados a participar en elecciones mientras Maduro se encuentre en Miraflores.
El tribunal sumiso es un cuerpo concebido para dañar aún más la democracia y el país. La oposición tendrá que ver cómo lidia con ese adefesio para que no genere más daño del que intencionalmente quieren provocar e inevitablemente causará.
