JESÚS A. RONDÓN
Al norte de nuestra hermana Colombia, frontera con nuestra otra hermana Panamá, se encuentra un hasta ahora olvidado lugar, llamado la región del Darién, y que durante siglos ha sido insumo de fábulas. Las características de esta región desde varios puntos de vista han impedido la continuidad de la carretera Panamericana, que desde el sur es la más larga del mundo.
El Darién, que comparten Colombia y Panamá, es un lugar olvidado por el Estado, donde sus poblaciones fundamentalmente indígenas tienen precarias condiciones de vida, lo que ha sido un caldo de cultivo para que grupos irregulares logren instalar sus operaciones y cuentan con reclutas que no tienen opciones para mejorar su vida.
Muchas personas que aspiran ir a los Estados Unidos de América, y que tienen limitaciones para llegar a Centroamérica, comienzan su travesía más al sur, en tanto sus recursos son escasos, no les queda otra que atravesar el ahora más conocido tapón del Darién. Es así que durante décadas ha sido utilizado por haitianos y cubanos, quienes lo han recorrido bajo el más absoluto silencio mediático.
Lo que ocurre en el Darién no es muy diferente a lo que ocurre en la frontera norte de México, salvo las condiciones climáticas y del terreno que en este caso son propias de la selva. Y en general, no difiere mucho de una frontera abandonada por sus Estados, por lo que operan cada vez más organizadas las mafias de tráfico de personas.
En estos tiempos, el Darién se ha hecho famoso, pues según las empresas de comunicación es una nueva ruta de venezolanos y venezolanas, en dirección al norte. Y hoy tenemos una explosión de cobertura de las penurias que viven estos compatriotas en ese penoso tránsito, como si fuera algo nuevo. Hoy pasan y han pasado cosas trágicas, pero hoy viene con piquete político y se enmarca dentro de la narrativa que sigue descalificando a la Revolución Bolivariana, es así que nadie cuestiona la ausencia de protección del estado colombiano y panameño de quienes viven allí y quienes transitan por cualquier circunstancia. Migrar es un derecho y no debe ser forzado por ninguna circunstancia, pero en caso de hacerlo, los Estados deben garantizar la protección necesaria ante cualquier peligro y de esta manera asegurar los derechos humanos.
