Más de la mitad de los $20 millones que el ex congresista David Rivera obtuvo de la estatal venezolana PDVSA fue utilizado para pagar los servicios de tres subcontratistas, entre los que se encontraba un desarrollador urbanístico que años atrás fue declarado culpable en uno de los mayores casos de narcotráfico del Sur de la Florida, muestran documentos de la corte.
Por: El Espectador de Caracas con información de El Nuevo Herald
Rivera actualmente es demandado por incumplimiento de contrato por PDV USA, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela que busca recuperar los $20 millones. El ex representante federal, por su parte, ha presentado una contrademanda contra la petrolera que busca el pago de $50 millones, equivalentes al valor total del contrato de cabildeo incumplido.
Documentos de la corte relacionados con la demanda muestran que el ex congresista federal por el estado de la Florida canalizó al menos $13 millones del dinero que obtuvo de la estatal venezolana para contratar los servicios de los subcontratistas, entre los que también figuran una empresa vinculada al polémico empresario venezolano Raúl Gorrín y otra a la asesora política Esther Nuhfer.
Según documentos de la corte, los tres subcontratistas obtuvieron los pagos millonarios a cambio de brindar “servicios estratégicos internacionales de consultoría”. Pero PDV USA solo se enteró del desvío de los pagos por parte de Rivera después de que demandó a su empresa, Interamerican Consulting, en el 2020.
Rivera, quien nunca se registró como agente extranjero para representar los intereses de otro país en Estados Unidos, también se encuentra bajo investigación criminal por parte de la fiscalía federal de Miami, según varias fuentes familiarizadas con la investigación. Pero nadie, incluyendo a Rivera, ha sido acusado en relación al millonario contrato con PDV USA.
Los documentos presentados en Nueva York por la demanda introducida por PDV USA muestran que parte de los $13 millones fueron entregados en diferentes pagos a una compañía perteneciente al desarrollador urbanístico de Miami Hugo Perera, quien está construyendo proyectos de viviendas asequibles en los vecindarios de Allapattah y La Pequeña Habana, según la página de internet de su empresa.
Las empresas de Perera, PG & Associates y Agronomics, recibieron entre las dos seis pagos por $625,000 y un pago de $1.1 millones, para un total de $4.85 millones, entre marzo y noviembre del 2017, muestran los documentos de la corte.
PG & Associates desarrolla proyectos residenciales en Miami y actualmente tiene un edificio de apartamentos bajo construcción. En su página de internet, la compañía también dice administrar más de 300 apartamentos de alquiler en la Pequeña Habana.
Krome Agronomics, entre tanto, es una empresa abocada a la venta de fertilizantes. Los fondos otorgados por PDVSA también fueron a parar en las cuentas de Communications Solutions Inc., perteneciente a la operadora política de Miami-Dade Esther Nuhfer.
A lo largo de los años, Nuhfer ha brindado servicios de recaudación de fondos, marketing y otros para las campañas de Rivera para el Congreso y la Legislatura estatal, así como para otros políticos locales. Según documentos de la corte, Communication Solutions recibió tres pagos de $750,000, dos por $625,000 y uno por $1 millón, para un total de $4.5 millones
El tercer beneficiario de los $13 millones desembolsados es el magnate venezolano Raúl Gorrín, a través de la compañía Interglobal Yacht Management, LLC, que realiza mantenimiento al yate del empresario, según documentos de la corte.
Gorrín, un cercano colaborador del difunto presidente Hugo Chávez y del actual gobernante Nicolás Maduro, es un prófugo de la justicia estadounidense bajo cargos de que participó en un esquema de lavado de dinero que involucró varios miles de millones de dólares obtenidos a través de la corrupción. El magnate dueño del canal venezolano Globovisión recibió un total de $3.75 millones de la firma de Rivera en 2017.
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