¿La comisión de delitos de lesa humanidad en medio de un “plan diseñado” por las máximas autoridades de Venezuela es suficiente para repeler las inversiones extranjeras? Pues, la respuesta de expertos a la duda es una moneda al aire.

Espectador de Caracas/ VOA

Una misión de las Naciones Unidas concluyó que agentes militares y de inteligencia cometieron en Venezuela “violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, incluyendo actos de tortura, para reprimir a la oposición política orquestada por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades “de alto nivel”.

Venezuela está lejos de ser un país estable ante los ojos de la Misión para la determinación de hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Según sus más recientes conclusiones, se trata de una nación suramericana que “ha soportado, durante una década, una espiral de crisis humanitaria, social, económica y de derechos humanos, acompañada por un colapso de las instituciones del Estado”.

El documento es “demoledor”, según líderes políticos y voceros de organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero sus conclusiones podrían no influir como se supondría en los centros de inversión multilaterales o de determinadas naciones.

“No creo que tenga un peso específico importante en el contexto de los inversionistas”, afirma el economista y profesor universitario Hermes Pérez, especialista en macroeconomía y la industria petrolera, un rubro clave para las finanzas de un país como Venezuela.

En el mundo financiero contemporáneo, las violaciones de derechos humanos “no necesariamente impiden inversiones”, lamenta en conversación con la Voz de América.

Precisa que hoy día prevalecen “inversiones cuantiosas” en países donde existen dictaduras presidencialistas, como Guinea Ecuatorial, o también monarquías en las que el cuidado de los derechos humanos no está acorde a las normas internacionales, como Arabia Saudita.

Pérez, exjefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, subraya que el principal objetivo de todos los inversionistas privados internacionales es “el retorno de la inversión” y admite que, en esas negociaciones, en ocasiones no predomina la sensibilidad sobre asuntos domésticos del país receptor, como los valores democráticos y los derechos.

El especialista pone su lupa sobre los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro fundador. “Si uno los revisa uno a uno, serían contadas las excepciones donde hay democracias plenas y se respeta a letra seguida los derechos humanos. Sin embargo, atraen inversiones”, indica.

Donde sí se pone mayor atención es en el respeto a la propiedad privada y en la estabilidad del sistema legal de la nación y, en ese apartado, Venezuela también está reprobada, dice.

Crecimiento entre riesgos

Maduro se muestra entusiasmado por la potencial inversión extranjera. Sus aliados en el Parlamento aprobaron a mediados de año una ley de Zonas Económicas Especiales con las que prevé atraer capital foráneo. A su entender, el país “está mejorando” y “va a crecer”.

Sus pronósticos coinciden con los de organismos mundiales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dependiente de la ONU, que proyecta un crecimiento del 10% del PIB venezolano este año, el doble de lo previsto.

Pero Venezuela es la nación con mayor “riesgo país” de América Latina, según un ranking publicado en junio por el banco JP Morgan Chase, el más grande de Estados Unidos y una de las empresas financieras más importantes del mundo. Ese listado se realizó con base en una variable conocida como Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI).

Ese índice resulta del cálculo de la prima de riesgo de los bonos soberanos en dólares de países en vías de desarrollo con respecto a la tasa del Tesoro estadounidense. La deuda venezolana arrojó en esa matemática un riesgo de 33.347 puntos, por lejos la más elevada de la región latinoamericana. El segundo fue El Salvador, con 2.462 puntos de riesgo.

El documento de las Naciones Unidas sí tiene el poder de “hacer temblar” la seguridad jurídica de Venezuela en la percepción de potenciales inversionistas, opina en entrevista con la VOA el economista y docente universitario Aldo Contreras.

Se trata de una nación donde las leyes “influyen ampliamente” en la concepción de un Estado socialista y en el cual las calificaciones de riesgo suelen superar los 5.000 puntos, advierte. Ello se suma a las sanciones económicas de Estados Unidos y al nulo acceso a créditos en organizaciones financieros, como el Fondo Monetario Internacional, subraya.

Uno de los principales alicientes para los inversionistas es que “los retornos (de capital) son mayores” en Venezuela debido a la marcada inflación de la última década, comenta.

Deuda sin paga

Venezuela sigue “en cesación de pagos” con los inversionistas desde octubre de 2017, explica Pérez: entonces, detuvo los pagos de títulos soberanos de la República colocados en Nueva York y Luxemburgo, por 31.000 millones de dólares. También, prevalece su deuda por 29.000 millones de dólares en bonos de PDVSA en Nueva York y Londres.

“Tampoco hemos pagado los intereses. Estamos hablando de cinco años sin pagar la deuda soberana y de PDVSA desde entonces. Ha crecido hasta 90.000 millones de dólares. Hay silencio (sobre la deuda) y no hay ningún interés ni de renegociarla ni de pagarla. Eso sí es un elemento que coarta a los inversionistas” de cualquier parte del mundo, asegura.

La combinación de realidades como esa deuda impaga y un largo historial de estatizaciones de empresas privadas locales y/o extranjeras durante los gobiernos de Hugo Chávez, desde 1999 y 2013, y Maduro, desde hace casi una década, está lejos de ser atractiva, según Pérez.

“En Venezuela, hay un sistema jurídico y legal que no respeta la propiedad privada” Hermes Pérez, economista y docente universitario

El mes pasado, un juez estadounidense decidió que el gobierno venezolano deberá pagar 8.700 millones de dólares a la empresa petrolera ConocoPhillips por la confiscación y expropiación de sus activos, en 2007, sin pago alguno o compensación.

“En Venezuela, hay un sistema jurídico y legal que no respeta la propiedad privada. En eso, los inversionistas sí ponen un poco más de atención”, concluye el especialista.