La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en Venezuela, que será desde ayer y hasta el miércoles 3 de noviembre es un hecho inédito que desata polémica en la sociedad, víctimas y organizaciones de derechos humanos que luchan porque se active una investigación internacional contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, señalados de ocupar el poder territorial e institucional del país.

Por: Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara

El abogado británico acude al país tras aceptar una invitación de la Cancillería de Venezuela, y aunque su agenda no es pública, defensores de derechos humanos señalan que su objetivo será reunirse con el fiscal general, Tarek William Saab; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, magistrados y jueces para determinar si el sistema de justicia nacional tiene la voluntad y capacidad de investigar los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos, violaciones sexuales, torturas, persecución política y muertes de presos en custodia que se han registrado desde 2014.

Pero la alarma se enciende, cuando desde hace meses el Gobierno viene realizando cambios en el sistema de justicia para «maquillar» las violaciones sistemáticas de DD. HH.

«Ya pintaron la cárcel de Ramo Verde y El Helicoide. Por eso se intuye que el régimen pueda llevar al fiscal de la CPI a ambos sitios de reclusión, en donde a algunas celdas le están instalando aires acondicionados. Ya sacaron a presos políticos que les resultaran incómodos al oficialismo, ya reformaron un cúmulo de leyes, entre ellas el Código Orgánico Procesal Penal, descongestionaron una cantidad de cárceles, eliminaron las salas de tortura, se están haciendo excarcelaciones y ya Tarek William Saab maquilló todos los números de supuestas actuaciones de DD. HH. que ha realizado la fiscalía», soltó Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público y actual asesor jurídico de la embajada de Venezuela en Colombia.

La abogada penal y coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, sostiene que las acciones del oficialismo, donde incluso han cambiado la legislación venezolana sin consultar al país, tienen la intención de desmoralizar a las víctimas de persecución y torturas, a familiares de jóvenes asesinados que han luchado porque se active la justicia internacional y se procese a la cadena de mando.

«El Estado como parte de su estrategia de defensa, está mostrando la mejor cara de los sitios de reclusión para hacer creer que no tortura a los presos. Sabemos que el fiscal, luego que la Misión Independiente de la ONU alertara en sus informes que la mayoría de jueces venezolanos son provisorios, sin autonomía porque son nombrados a dedo, ahora el oficialismo ha iniciado concursos para dar titularidad a jueces y fiscales. Pero ¿acaso la pintura fresca va a poder silenciar los gritos de dolor de las víctimas de tortura y de las madres a quienes les arrebataron sus hijos?, ¿acaso con que yo te ponga cinco expedientes sobre el escritorio o mil expedientes de supuestas investigaciones van a poder demostrar que están investigando la cadena de mando?. Porque la CPI no tiene competencia respecto a los actores materiales, lo que necesita es ver que se estén juzgando a los verdaderos responsables de esos crímenes», exclamó.

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