A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU, designó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli como implicación en «actos de corrupción significativos al aceptar sobornos a cambio de otorgar inapropiadamente contratos de gobierno durante su mandato como presidente.

Esta medida también aplica a sus familiares directos que tampoco podrán ingresar al territorio estadounidense.

«Esta designación pública se realiza por la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023, la cual establece que los funcionarios y exfuncionarios de gobiernos extranjeros sobre quienes el secretario de Estado tenga información creíble de participación directa o indirecta en actos de corrupción significativa o violaciones flagrantes contra los derechos humanos, no son elegibles para entrar a los Estados Unidos, ni tampoco sus familiares directos».

La designación del ex presidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal («Martinelli») por su participación en corrupción significativa. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. Las designaciones de esta sección 7031(c) hacen que Martinelli y los miembros de su familia inmediata no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

Aceptar sobornos por contratos gubernamentales socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y alimenta las percepciones de corrupción e impunidad. Tales actos de corrupción pública disminuyen la confianza en la gobernabilidad y reducen los recursos disponibles para escuelas, hospitales, caminos y otros servicios gubernamentales.

Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción, que perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica de los países y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su gente. Estados Unidos sigue estando con todos los panameños en apoyo de la democracia y el estado de derecho, y seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal, independientemente de su cargo o afiliación política.

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