El Congreso español aprobó este jueves la conocida como ley trans, que reconoce la autoderminación de género (cambio registral de sexo y nombre sin necesidad de testigos o pruebas) y desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI.

La ley llega así a la recta final de su tramitación parlamentaria, a la espera de su paso por el Senado, después de unas negociaciones complicadas, primero en el seno del Ejecutivo, con discrepancias entre los socialistas y sus socios minoritarios, el grupo de izquierda Unidas Podemos, diferencias que se trasladaron después a la Cámara Baja, donde ambos grupos que forman el gobierno mostraron sus diferencias en varios aspectos del texto.

La ley reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro, y en el caso de los menores de 16 años y mayores de 14 tendrán que asistir con sus padres o tutores. Solo será necesaria la intervención de un juez para el cambio registral cuando tengan menos de 14 años y más de 12.

Los menores de doce no podrán cambiar de sexo en el registro, pero sí su nombre en el documento de identidad (DNI).

La nueva norma prohíbe las terapias de conversión, garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida y reconoce la filiación de hijos de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que estén casadas.

Y, entre otras cosas, contempla una Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans con medidas de acción positiva para este colectivo en diversos ámbitos como el laboral, el educativo o de vivienda.

En el debate parlamentario, la ministra de Igualdad (Podemos), que presentó y defendió el proyecto, afirmó ayer que celebra que el Congreso «cierre armarios» y «abra puertas y ventanas» con una ley que conseguirá asegurar «vidas libres» a las personas trans y LGTBI.

División entre la izquierda

Sin embargo, esta ley ha provocado una fuerte polémica entre sectores progresistas y feministas españoles, que se trasladaron al seno del propio partido socialista (PSOE). Como ejemplo, la presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada socialista Carmen Calvo, reconocida feminista, fue una de las más críticas con el proyecto de ley de Montero y se abstuvo hoy en la votación, si bien el resto de los diputados del PSOE apoyaron la ley, presentada por una ministra de Podemos.

Por otro lado, la exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, conocida activista feminista y transexual, abandonó el PSOE el pasado mes de octubre en señal de protesta, cuando el grupo socialista pidió ampliar en varias ocasiones el periodo de presentación de enmiendas, con lo que se retrasó la tramitación del texto.

De hecho, este proyecto de ley cuenta con el rechazo de parte del movimiento feminista porque temen que la particiapción de personas transgénero en categorías femeninas se traduzca «en un borrado de las mujeres» y dañar su lucha por la igualdad.

Sin embargo, cuenta con el visto bueno de organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales y más (Felgtbi+).

Desde los grupos de izauierda representados en el Congreso español no hubo hoy fisuras en el apoyo a la norma, aunque formaciones como los independetistas catalanes de ERC y los vascos de EH-Bildu lamentaron que no se haya dado el paso de reconocer los derechos de las personas no binarias o de ampliar los de los migrantes. EFE

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