CLAUDIO FERMÍN
El petróleo es nuestra primera fuente de ingresos. Cualquier acción que dañe la industria petrolera va en contra del interés de Venezuela. Haber puesto PDVSA en manos de comisarios políticos cuya tarea era colocar activistas para mantener al partido de gobierno fue un acto de irresponsabilidad y malversación administrativa que dañó el funcionamiento de la empresa y deterioró la moral de equipos formados para competir con las más importantes petroleras del mundo. Haber despedido a miles de profesionales y técnicos de alto nivel y de comprobada experiencia por no simpatizar con el partido de gobierno, revela no tener conciencia de la complejidad de la industria petrolera y de las nefastas consecuencias que tal arbitrariedad podía traer. Encargar esa empresa a improvisados, a funcionarios sin conexión alguna con la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, rayó en la más grave irresponsabilidad política. Distraer el presupuesto y a la gerencia asignándoles la administración de programas de distribución de alimentos, solicitudes vecinales, subsidiar movimientos comunitarios, o servir de caja chica de cuanto programa de emergencia el presidente de la República creía necesario atender es de las más nefastas decisiones que se hayan tomado en las últimas décadas.
Los resultados de esas desviaciones se vieron con los años: bajón de más de dos millones de barriles en la producción; abandono de las refinerías; pérdida de mercados. Sin embargo, haber contado durante más de diez años con el precio del barril por encima de los $100 tapaba todo eso en una opinión pública poco informada. PDVSA ya no era importante en el cuadro de empresas petroleras mundiales y el país se colocaba con una participación marginal en el mercado de hidrocarburos. No obstante, el petróleo seguía manteniendo a Venezuela, era la base de una economía en la que las zonas industriales estaban convertidas en chatarra; las fincas abandonadas y la producción agropecuaria en los mínimos; el turismo arrinconado como actividad marginal; y las empresas del hierro y el aluminio en el piso, ni la sombra de lo que hace veinticinco años eran las empresas básicas. Venezuela atrapada en la mono producción, en la dependencia más absoluta del petróleo.
Ese era el cuadro antes de las sanciones económicas que derivaron en un bloqueo contra la industria petrolera, en un tapón para impedirle negocios e ingresos a PDVSA. A Venezuela se le cercenó la libertad de comercio. Grandes potencias, lideradas por los Estados Unidos, acordaron no comprar petróleo venezolano y sabotear las actividades de nuestra industria, sacar a Venezuela del mercado, quebrarla. Todo con el propósito político de asfixiar al gobierno de Maduro, impedirle ingresos económicos, acabar con las finanzas públicas. Esta operación política ha sido un atentado contra la existencia misma de la nación venezolana dada nuestra absoluta dependencia de la venta de hidrocarburos. La estrategia era agravar la crisis. Al cerrarle los ingresos, el gobierno pierde toda capacidad de respuesta ante las demandas de servicios públicos, reclamos de mejoras salariales, atención a proyectos regionales, apoyo a instituciones públicas como gobernaciones y alcaldías, en fin, la población queda sin interlocutor que atienda sus necesidades. Esa ausencia del gobierno generaría mayor descontento, traería revueltas, una gran implosión social y Maduro caería.
Ese era y es el plan, salir del gobierno a costa de la ruina del país. El sabotaje contra la libertad de comercio de Venezuela ha sido un atentado contra la población que reclama salud, agua potable, mejores sueldos para educadores, aumentos salariales para millones de empleados al servicio del Estado, transporte público de pasajeros y mejoramiento de la vialidad, gas doméstico y servicios de electricidad. El bloqueo es una violación de derechos humanos fundamentales de la población. La desaprobación de la gestión de Maduro está en su peor momento. Eso es cierto. El bloqueo ha hundido al gobierno, pero ha causado un daño terrible a la población en general. Se ha llevado en los cachos al país.
Algunos reclaman el endurecimiento de las sanciones. No les basta con la miseria que recorre las calles y pueblos de Venezuela. No les parece suficiente que se le hayan incautado cuentas bancarias en varios países al Estado venezolano, dinero de los venezolanos. Les parece poca cosa el secuestro del oro venezolano en el Banco de Inglaterra y el traspaso de CITGO a manos extranjeras. No les basta con la exclusión de nuestro país del sistema financiero internacional. Nadie nos presta. Para nada les importa la soberanía nacional y reclaman que cuando algo de nuestro dinero se nos devuelva, como quien pide limosna, que se administre bajo supervisión internacional, es decir, que otros, dizque en nuestro beneficio, lleven las cuentas de nuestros propios reales y que dispongan de ellos. La polarización extrema y el odio han llevado a esta impostura.
Recientemente salieron a la luz pública negociados nauseabundos que resultaron en el robo de miles de millones de dólares que pertenecen al pueblo. Reclamamos las más severas sanciones contra esos hechos de corrupción que han saqueado los dineros del país y recordamos que esos actos de piratería fueron consecuencia del bloqueo que impide a PDVSA transacciones en el sistema financiero internacional y ha obligado a triangulaciones en operaciones propias de piratería marítima.
Nos oponemos a todo ese extravío. Condenamos toda esa corruptela, pero el bloqueo no queda absuelto. El bloqueo es un golpe bajo contra nuestra economía. El bloqueo es un acto de guerra. El bloqueo es un atentado contra la soberanía nacional. Reclamar el cese del bloqueo es un acto patriótico, una exigencia de la sobrevivencia nacional. Luchar contra el bloqueo no es una defensa del gobierno de Maduro, es una defensa del derecho de los venezolanos a vender nuestro petróleo y contar con ingresos para atender nuestras necesidades y problemas. Reclamar el cese del bloqueo para nada impide seguir luchando por el cambio político del que tanto urgimos.
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