El nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, el inicio de la promoción de las elecciones regionales y municipales y la simpatía de Nicolás Maduro con el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el sector opositor que respalda a Juan Guaidó, auspiciaban la reapertura de la ronda de negociaciones iniciada en Oslo y parecían crear un ambiente de cierta distensión en el erizado escenario político nacional.
La alegría duró poco. El Nacional, el periódico más importante en la historia venezolana, fue asaltado para complacer los deseos de venganza de ese personaje maléfico llamado Diosdado Cabello. El abuso le colocó unos tacos de dinamita al eventual diálogo entre el gobierno y la oposición, y enrareció otra vez la atmósfera preelectoral. La férrea hegemonía comunicacional ejercida por el régimen desde hace más de una década subió un grado más con esa invasión –disfrazada de embargo- que no puede ser justificada en nombre del cumplimiento de una orden judicial. A numerosos presos políticos, de acuerdo con denuncias del Foro Penal, distintos tribunales les han dictado medidas de excarcelación, sin embargo, el Sebin y otros cuerpos de seguridad las han ignorado olímpicamente. Por lo tanto, no es la sumisión a los tribunales lo que motiva la confiscación del periódico.
A los pocos días del episodio en El Nacional, el régimen señaló que los presos políticos serían trasladados a cárceles para delincuentes comunes. Ellos, que protagonizaron dos golpes de Estado cruentos, fueron tratados con una benevolencia inaudita por la democracia disfrutando de una comodidad desmedida durante su permanencia en la cárcel, ahora pretenden equiparar a los opositores detenidos con personas que han cometido delitos ordinarios. Finalmente, el contralor señaló que las inhabilitaciones constituían una materia que le concernía a su despacho. Una clara advertencia a quienes están pensando que es posible levantar las sanciones administrativas contra dirigentes políticos inhabilitados, para que los comicios regionales avancen en un ambiente más democrático.
La adopción de medidas ilegales, las amenazas encubiertas y los anuncios improvisados vuelven a poner sobre el tapete el tema de si el gobierno está o no interesado en negociar una salida pacífica a la crisis mediante elecciones democráticas. Un grueso sector de la oposición considera que las dos caras de Jano no son más que un libreto de los muchos tramados por el gobierno y su asesoría cubana, con la finalidad de lanzar fuegos artificiales, ganar tiempo y engañar a incautos. A partir de este juicio sumario las conclusiones son evidentes: con el régimen no se puede dialogar, ni negociar, y tampoco se debe participar en las elecciones regionales porque sería convalidar a una banda de manipuladores compulsivos.
Este razonamiento, donde cada pieza encaja perfectamente con la otra, es el tipo de interpretaciones que a Maduro y su gente les conviene. Dentro de esa lógica lineal, las acciones del régimen se deciden en una sala situacional. Existe un cerebro que organiza todos los pasos que el régimen da. Cada uno de ellos obedece a un guion preestablecido. No queda espacio para la disidencia o la confrontación interna.
Si la oposición quiere hacer política, aprovechando las pequeñas fisuras y desencuentros que se producen en el bando rival, está obligada a cambiar de perspectiva analítica. Dentro del oficialismo existen grupos y tendencias preocupadas por el empobrecimiento del país y por el aislamiento internacional, que aleja cada vez más las posibilidades de que el gobierno obtenga los recursos financieros necesarios para comenzar a recuperar la nación. Junto a esta facción, y conviviendo con ella, hay otro sector –tal vez el más poderoso- al que solo le importa sobrevivir, saqueando los recursos que todavía quedan de ese país rico y próspero que fue Venezuela.
Maduro se mueve entre esas dos aguas y debe responder a los dos bandos. Quiere hacerles un guiño al nuevo gobierno de Biden y a la Unión Europea coqueteando con las posibilidades de unas elecciones competitivas, con un CNE que no es tan parcializado como el que presidía Tibisay Lucena, pero evita confrontar a sus propios extremistas, negados a cualquier acercamiento con la oposición. Esta ambivalencia es aprovechada por la franja liderada por Cabello para cometer desmanes que dan al traste con las intenciones de diálogo y alimentan la desconfianza de los grupos opositores radicales, quienes se contentan con decir «yo les advertí que todo no era más que una farsa», pero jamás proponen ninguna iniciativa sensata acerca de cómo salir de la tragedia que vive la nación. No quieren diálogo, negociaciones ni comicios, pero carecen de fuerza y presencia hasta para organizar una verbena en una plaza Bolívar.
El sector opositor y la comunidad internacional cuadrados con el diálogo y las elecciones, deberían exigirle a Maduro mayor coherencia. Tendrían que pedirle que controle a sus propios aventureros. De esa presión podrían salir logros importantes para la democracia y el país.
