Al menos 150 presos podrían ser ejecutados de forma inminente y si previo aviso en la prisión iraquí de Nasiriyah si el presidente del país, Abdel Latif Rashid, aprueba sus condenas a muerte, según denunció hoy en un comunicado Human Rights Watch (HRW).

«La reanudación de las ejecuciones masivas en Irak es un hecho atroz», declaró la investigadora sobre Irak de HRW Sarah Sanbar, quien demandó al Gobierno iraquí «declarar inmediatamente una moratoria de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte».

«Estas tremendas injusticias se ven agravadas por fallos bien documentados en el sistema judicial iraquí que niegan a los acusados un juicio justo», añadió Sanbar.

El pasado 25 de diciembre 13 hombres acusados de narcotráfico fueron ejecutados en el mismo centro penitenciario, la primera ejecución masiva en casi tres años, muertes que se llevaron a cabo, según HRW, «sin tener en cuenta los derechos básicos de los condenados a muerte».

«Un recluso de la prisión de Nasiriyah contó a su abogado que la noche del 24 de diciembre se anunciaron por megafonía los nombres de los que iban a ser ejecutados», explicó la organización, que denuncia que «no les permitieron llamar a sus familias ni a sus abogados antes de morir».

HRW señaló directamente al presidente de Irak como «responsable de ratificar los decretos de pena de muerte que recibe del Consejo Judicial Supremo, tras lo cual se aplica la condena».

Se han producido múltiples ejecuciones masivas en la prisión de Nasiriyah, la única de Irak que aplica este tipo de sentencia, que incluyen dos de 41 y 38 personas respectivamente, con menos de tres meses de diferencia en 2017.

A partir 2020, tanto las ejecuciones como las condenas a muerte fueron decreciendo, aunque, según denuncia la organización «esa tendencia se ha invertido ahora» y estima que unos 8.000 presos, la mayoría acusados de delitos de terrorismo, están condenados a muerte en Irak.

En una declaración de septiembre de 2023, el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, afirmó que el presidente Rashid debía ratificar todas las condenas a muerte por delitos de drogas.

Su antecesor, Barham Salih, en cambio, se oponía a la pena capital y se resistía a ratificar las condenas a muerte, pero finalmente la presión política le llevó a hacerlo.

«Durante años, Irak tuvo uno de los índices de ejecuciones más elevados del mundo», afirmó Sanbar, quién mostró preocupación por la decisión de endurecer las penas en lugar de hacer reformas significativas en el poder judicial que garanticen juicios justos».

Con información de EFE

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