El magistrado argentino que interviene en la causa, Federico Villena, por el momento, no ha recibido ninguna solicitud al respecto.

El pedido oficial partió del fiscal Rajbir Datta, quien requirió el pasado miércoles a un tribunal estadounidense que procediese al decomiso de la aeronave comprada por la empresa venezolana ante la supuesta «violación de las leyes de exportación de los Estados Unidos».

El avión fue comprado por la empresa estatal venezolana Conviasa a la compañía iraní Mahan Air.

De acuerdo con una legislación interna estadounidense, los aviones propiedad de la nación persa no podrían circular sin violar la política antiterrorista de Washington, pese a lo cual la aeronave realizó vuelos comerciales a Irán, Medio Oriente y Rusia.

La decisión judicial establece, entre otra cosas, «dictar sentencia en rebeldía contra la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur S.A. y todas las personas o entidades que reclamen un interés en la propiedad demandada».

El dictamen judicial ordena asimismo «la confiscación de la propiedad demandada (Aeronave Boeing 747-300 con número de cola YV-3531 y número de serie de fabricante 23413) a los Estados Unidos Unidos de América y que ningún derecho, título o interés en la propiedad existirá en ninguna otra parte».

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