El jefe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfrenta crecientes llamados, incluso del gobierno de Biden, para una investigación externa sobre una posible mala conducta vinculada a su relación íntima con un subordinado .

El propio inspector general del grupo con sede en Washington dijo en un memorando esta semana que lo mejor para la organización es contratar una firma externa para investigar las denuncias de que el secretario general Luis Almagro pudo haber violado el código de ética.

La recomendación del inspector general se basó en un informe de The Associated Press que encontró que Almagro mantenía una relación con un miembro del personal nacido en México descrito en línea, incluso en el sitio web de la organización, como “asesor principal” del secretario general.

El inspector general dijo que el informe de AP siguió a una denuncia anónima y vagamente detallada enviada a su oficina por el propio Almagro el 3 de junio.

El código de ética de la organización de consolidación de la paz y la democracia prohíbe a los gerentes supervisar o participar en las decisiones que benefician a las personas con las que tienen una relación sentimental.

La propuesta de contratar una firma externa para investigar el comportamiento de Almagro se discutirá el miércoles en la próxima reunión del consejo permanente de la organización de 34 miembros.

Estados Unidos, que ha contribuido con cerca de la mitad de los 100 millones de dólares de la organización en fondos este año, ya ha expresado su apoyo a una investigación externa antes de la reunión.

“Tomamos estas acusaciones en serio”, dijo un portavoz del Departamento de Estado a la AP en un correo electrónico, y agregó que cualquier violación de la ética “debe ser investigada de manera justa e imparcial por una entidad de investigación externa adecuada”.

Pero al menos cuatro miembros —el Uruguay natal de Almagro, Antigua y Barbuda, Belice y Santa Lucía— han respaldado públicamente proyectos de resolución que plantean preocupaciones sobre el costo de una investigación externa en un momento en que el organismo hemisférico de 600 empleados está bajo presión para recortar gasto.

Su punto de referencia es una investigación reciente sobre denuncias de mala conducta similares contra el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, quien fue acusado de tener una relación de larga data con su jefe de gabinete. La investigación de meses realizada por el bufete de abogados estadounidense Davis Polk allanó el camino para la destitución del presidente.

Las repetidas solicitudes de comentarios de Almagro sobre la posibilidad de una investigación externa enviada a la oficina de prensa del secretario general quedaron sin respuesta.

Pero a diferencia de Claver-Carone, quien negó haber tenido una relación con su ayudante, Almagro solo ha dicho que nunca supervisó al empleado. ni participó en ninguna decisión relacionada con el empleo, como autorizar un aumento salarial. Anteriormente prometió cooperar plenamente con cualquier investigación realizada por la máxima autoridad de supervisión de la organización.

Almagro también enfrenta críticas en otros asuntos administrativos.

Esta semana, México criticó a Almagro por supuestamente traicionar los deseos de los miembros al renovar el contrato de la ombudsman de la OEA, Neida Pérez, días antes de que se aprobara en la reunión anual de la organización un plan discutido durante mucho tiempo para implementar un proceso abierto y competitivo para el puesto de liderazgo.

En septiembre, Almagro extendió unilateralmente el contrato de Pérez por cuatro años y México se quejó de que era un intento de adelantarse a esos nuevos procedimientos.

“Desafortunadamente este no es un acto aislado”, dijo la delegación de México en una declaración escrita en una reunión sobre asuntos administrativos el 1 de noviembre. “Encaja en un patrón de conducta en el que se desconoce la voluntad de los Estados y se violan las instituciones de la OEA”.

Pérez, cuyo contrato expiraba el 21 de octubre, dos semanas después de que se adoptaran los nuevos procedimientos, fue reprendida recientemente por el panel de revisión superior de la OEA por descuidar su deber de servir como árbitro imparcial de disputas laborales.

Esa reprimenda fue en respuesta al papel de Pérez que facilitó la destitución del jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Almagro en 2020, un organismo administrado de forma independiente. El propio secretario ejecutivo de la comisión se enfrentaba a quejas en el lugar de trabajo pero, sin embargo, contaba con el apoyo unánime de los siete comisionados del organismo de control.

Almagro, de 59 años, fue elegido presidente de la OEA en 2015 con un apoyo casi unánime después de haber servido como canciller en el gobierno de izquierda de Uruguay.

Pero una vez instalado en Washington, hizo causa común con EE. UU. al oponerse a los líderes izquierdistas en Cuba y Venezuela, e incluso una vez se hizo eco de la línea del presidente Donald J. Trump de que no descartaría el uso de la fuerza militar para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Fue reelegido en 2020 con el apoyo de 23 de los 34 estados miembros. Más recientemente, a medida que la izquierda ha recuperado el poder en América Latina, los llamados a su destitución han ido en aumento.

El mes pasado, miembros del Grupo de Puebla —una organización de expresidentes y líderes políticos de 16 países— emitieron un comunicado pidiendo la destitución de Almagro, criticando su despido “amoral” del organismo de control de derechos y su intervención luego de elecciones desordenadas en Bolivia que llevaron a Renuncia del presidente Evo Morales y reemplazo por un gobierno conservador respaldado por Estados Unidos.

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