Su compra costó 6 millones de euros hace tres años y en su reforma se han gastado otros 3 millones. Las obras del inmueble, que se tramitaron mediante un procedimiento «emergencia» por razones de seguridad, concluyeron la pasada primavera tras un año de retraso y una desviación presupuestaria del 15% con respecto al proyecto aprobado inicialmente. Y, sin embargo, el edificio adquirido por España a finales de 2018 en Caracas para albergar la nueva Embajada española en Venezuela está a día de hoy completamente vacío y sigue sin utilizarse.

Por: El Espectador de Caracas con información de The Objective

«El edificio está acabado y en buen estado. Hace tiempo que se debía haber efectuado la mudanza. Es un despilfarro haberse gastado lo que se han gastado en ella y que esté ahí parada, sin utilizarse», denuncia una fuente conocedora del estado del inmueble, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

«Las obras se consideran finalizadas por parte de la empresa constructora», confirman desde la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, todas las fuentes consultadas admiten que aún no hay fecha para la mudanza a la futura sede de la Embajada española en Caracas. Explican que aún están pendientes «las actuaciones correspondientes de comprobación» y se limitan a indicar que la recepción de la obra se llevará a cabo «tan pronto como resulte posible».

Las fotografías a las que ha tenido acceso este diario muestran el edificio completamente remodelado y aparentemente listo para empezar a utilizarse. Testigos confirman que desde abril no hay obreros en la zona. Aunque, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, «se aprecia una presencia periódica de personal de la constructora en el edificio».

Ubicado en Chacao, uno de los centros financieros de la capital venezolana, el inmueble tiene cuatro plantas de 562,7 metros cuadrados de superficie cada una, tres sótanos y una parcela de 1.875 metros cuadrados. Fue adquirido al Banco Nacional de Crédito (BCN)-Banco Universal por el equivalente a seis millones de euros en diciembre de 2018, según se detalla en la escritura de compra-venta, adelantada por El Independiente y OKDiario, y según confirman a este medio fuentes diplomáticas.

El interior del edificio también se encuentra aparentemente terminado, sin maquinaria de obra en sus salas y despachos, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE. También se observa una pequeña parte del mobiliario de trabajo que necesitarán los diplomáticos y funcionarios de las distintas dependencias de la Embajada cuando se muden a la nueva sede, donde darán servicio público a los casi 140.000 españoles que residen en Venezuela. 

Obras de «emergencia» por la «deficiente» seguridad

La compra del inmueble se produjo con Jesús Silva como embajador en Venezuela, en diciembre de 2018. Ante la creciente inestabilidad que vivía el país sudamericano, Exteriores decidió comprar el edificio con la idea de juntar, bajo mayores condiciones de seguridad, en un mismo edificio a todo el personal diplomático de la Cancillería, el Consulado General, la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la Oficina Comercial y otras agregadurías.

En agosto de 2017, el edificio principal de la actual Embajada de España en Caracas había sufrido un ataque con cócteles molotov. Además, la legación española tiene varias sedes separadas en diferentes y alejados sectores de la capital venezolana, lo que dificulta su operatividad, y las condiciones de seguridad de todas ellas se consideró «deficiente» cuando se ejecutó la compra y la remodelación del nuevo edificio.

«Se puso de manifiesto que las instalaciones de la Representación de España en Caracas no disponían de los elementos imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de la sede diplomática en la situación de conflicto en la que se encuentra el país, ni cuenta con dependencias seguras para que presten sus funciones de protección los funcionarios y cuerpos de policía enviados desde España», explicaba el Consejo de Ministros dos años después de la compra del edificio.

La reforma, inicialmente presupuestada en 2,6 millones de euros, se adjudicó a la empresa Inversiones YC SA sin pedir al contratista ningún informe de solvencia económica antes de otorgarle la obra.

Precisamente por considerarse una situación de «grave peligro», las obras de reforma del inmueble se adjudicaron a dedo mediante un procedimiento de emergencia: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite a la Administración otorgar contratos «sin sujetarse a los requisitos formales establecidos». Una excepción legal contemplada para responder de manera inmediata a «acontecimientos catastróficos» situaciones «que supongan un grave peligro» o «que afecten a la defensa nacional». 

La reforma, inicialmente presupuestada en 2,6 millones de euros, se adjudicó a la empresa Inversiones YC SA sin pedir al contratista ningún informe de solvencia económica antes de otorgarle la obra, según ha confirmado recientemente el propio Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a una solicitud de información tramitada a través del Consejo de Transparencia. «Al tramitarse el expediente solicitado por el interesado dentro del marco del artículo 120 citado,se prescindió de los requisitos formales», indicaba Exteriores en su respuesta.

«La Embajada, al frente de la cual se encontraba en ese momento Jesús Silva, seleccionó en el año 2019 a la empresa Inversiones YC SA por ser conocedores de su trabajo, algo que consideró imprescindible en las circunstancias existentes en ese momento», añaden fuentes diplomáticas consultadas por este diario. 

Retrasos y desviación presupuestaria

La compra y la remodelación del inmueble que albergará la nueva Embajada de España en Caracas no se conoció hasta finales de 2020. Concretamente el 9 de diciembre de ese año, cuando el Consejo de Ministros hizo público un acuerdo para la «ampliación de la declaración de emergencia» de las obras y un aumento del gasto de 396.564 euros con respecto al presupuesto inicial, elevando el coste total de la reforma hasta un total de 3.026.309 euros. 

Además, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros, se alargaba en al menos cuatro meses y tres semanas la duración de una obra que inicialmente iba a durar diez meses, a contar desde julio de 2019. Han pasado 27 meses desde que empezaron los trabajos de acondicionamiento.

«Durante el transcurso de las obras de emergencia, que se vienen desarrollando en medio de un clima de inseguridad agravado en los últimos meses como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, se han detectado nuevas necesidades en las mismas, por lo que el 22 de octubre de 2020, la empresa Inversiones YC SA, con la conformidad de la dirección facultativa, presentó un nuevo presupuesto», explicaba el acuerdo publicado por el Consejo de Ministros. 

La Embajada, cuatro meses descabezada

En el momento en que se aprobó la ampliación presupuestaria del proyecto, el embajador Jesús Silva ya había abandonado Caracas y al frente de la Embajada española se quedó Juan Fernández Trigo, designado como encargado de negocios.

En abril de este año el contratista dio por finalizadas las obras. Desde entonces están pendientes las comprobaciones técnicas necesarias para que Exteriores dé por recibida la obra. Tras el nombramiento de José Manuel Albares como ministro de Exteriores, el pasado mes de julio Fernández Trigo fue nombrado como secretario de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo. 

El regreso de Fernández Trigo a Madrid dejó descabezada la legación diplomática durante cuatro meses, hasta que a principios de noviembre el Gobierno designó a Ramón Santos Martínez como nuevo encargado de negocios de la Embajada española en Caracas, tal y como adelantó este diario. En medio de las controvertidas elecciones regionales y municipales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre, la mudanza a la nueva embajada será una de las tareas pendientes que deba asumir.