Un juez ecuatoriano le solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emitiera una notificación roja a 15 personas condenadas en el llamado «caso de soborno», incluido el ex presidente Rafael Correa, que actualmente vive en Bélgica.

La Justicia de Ecuador ratificó a principios de septiembre una sentencia que condena a Correa a ocho años de cárcel por su vinculación con una trama de recepción ilegal de dinero a cambio de la concesión de contratos a empresas, incluida el gigante de la construcción Odebrecht.

El juez Iván León dio un paso más solicitando formalmente a Interpol que emita un aviso rojo, por entender que ya hay una sentencia condenatoria debidamente ejecutada, según el periódico El Comercio.

León ha apuntado que es “de conocimiento público” que algunos sentenciados no están en el país, entre ellos el propio Correa.

El pasado 7 de septiembre, la Justicia ecuatoriana confirmó la condena por corrupción contra Correa, inhabilitándolo de manera definitiva a participar de las elecciones presidenciales de 2021. Luego, el 23 de septiembre, la Justicia de Ecuador había ordenado la captura de Correa tras dejar en firme la condena a ocho años de prisión por corrupción.

La resolución judicial además comunicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la pérdida de los derechos políticos del ex presidente, que según la Constitución, quedó inhabilitado para actividades políticas.

Correa criticó duramente la medida apenas esta tomó estado público: “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia «definitiva» para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”, expresó.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana rechazó con su veredicto la última instancia legal a la que Correa podía recurrir para que se anule la sentencia dictada en abril.

De esta manera, confirmó que el ex mandatario, procesado en ausencia al encontrarse este en Bélgica, recibió al igual que varios de sus colaboradores sobornos de distintas empresas a cambio de contratos públicos. La fiscalía lo acusó de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de USD 7,5 millones.