El Gobierno de Ecuador decidió este viernes otorgar una amnistía migratoria y establecer un nuevo proceso de regularización para venezolanos y sus familias que se encuentren en el país, y que cuenten con un certificado de permanencia migratoria caducado o que aún no hayan obtenido un visado especial.

El Ejecutivo, mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa, decidió «otorgar amnistía migratoria y establecer un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana y su grupo familiar».

Los beneficiarios deben haber realizado el proceso de Registro de Permanencia Migratoria activado en junio de 2022, contar con el certificado aunque esté caducado y no haber obtenido el Visado de Residencia Temporal de Excepción (Virte II), emitido en un anterior proceso de legalización de migrantes venezolanos.

El Ministerio del Interior ecuatoriano deberá renovar los certificados y las autorizaciones de permanencia, con el fin de avalar que los beneficiarios puedan acceder al visado Virte II renovado.

El proceso de regularización tendrá una duración de 8 meses, el formulario de la solicitud para el registro será gratuito, pero los migrantes venezolanos deberán cubrir el valor del visado y de la cédula de ciudadanía (carné de identidad) emitido por la entidad respectiva, señala el decreto ejecutivo.

El Virte II tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo periodo, sin perjudicar el hecho de que el solicitante pueda cambiar en ese periodo su estatus migratorio.

El decreto también ordena al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) apoyar el proceso de regularización y reforzar la amnistía migratoria para niños y adolescentes venezolanos que estén «solos, no acompañados o separados».

En el proceso, las instituciones ecuatorianas involucradas, deben aceptar documentos de identidad o pasaportes de los solicitantes que tengan hasta 5 años de vencimiento.

Además, en el proceso, el Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia de la Policía evaluarán el perfil de «riesgo o amenaza a la seguridad pública» de los solicitantes.

Las carteras de Estado y otras entidades involucradas en este proceso tendrán entre uno y dos meses para dictar las normativas secundarias para la aplicación cabal de la amnistía y el proceso de regularización, se agregó en el decreto.

Con información de EFE

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