El presidente Guillermo Lasso confirmó que deportará o extraditará extranjeros privados de su libertad. De acuerdo con las estadísticas levantadas por el Servicio Nacional de Atención Integral de Ecuador, el 9% de los detenidos son extranjeros. De estos, la mayoría son colombianos. Hasta julio pasado, en el país había 1.935 presos colombianos, 1.225 de Venezuela, 135 de Perú, 59 de México y el resto de otros países.

Por: El Espectador de Caracas con información de Infobae

El director del Servicio Nacional de Atención Integral, Fausto Cobo, dijo que la repatriación de presos a sus naciones sería una de las medidas para afrontar la crisis carcelaria. La iniciativa supone devolver 3.532 personas privadas de la libertad a sus países de origen. Colombia, Venezuela, Perú, México son los principales países de estos reos y la intención es disminuir el hacinamiento, que este año bordea el 30%.

Los datos también demuestran que la población carcelaria de extranjeros en el Ecuador se ha incrementado porcentualmente en los últimos dos años. Hasta abril de 2019, en las 36 penitenciarias del país había 2802 extranjeros, lo que representaba en ese momento el 7% de los presos.

Para posibilitar el traslado, al menos, debería cumplirse con los siguientes requisitos: que sobre el reo pese una sentencia penal en ejecución, que Ecuador y el país de origen de los condenados hayan aprobado el traslado y que exista un convenio entre ambos países que posibilite la extradición.

En noviembre del 2005, el ahora extinto Ministerio de Justicia suscribió el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas de 1983, que tiene como objetivo la cooperación para la repatriación de sentenciados. 62 naciones suscribieron el documento, que establece más condiciones a las indicadas. Algunas de estas son que el privado de libertad consienta el regreso a su país y que el tiempo de condena que le reste por cumplir sea de al menos seis meses.

Ecuador mantiene un convenio de repatriación con Colombia, suscrito en 1990. Allí se estableció como requisito que el privado de la libertad no deba reparaciones ordenadas judicialmente en la sentencia de su condena y que el delito por el que fueran castigados conste como tipificado en la ley penal de su país.

La principal dificultad para posibilitar la deportación de los presos a Colombia es que este país también padece de sobrepoblación carcelaria. A marzo de 2021 el índice de hacinamiento llega al 20,65%, según lo registrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Allí las cárceles tienen capacidad para 80 mil personas y el sistema cuenta actualmente con más de 97 mil personas privadas de su libertad, lo que demuestra las fallas en el sistema integral de la justicia penal.

La deportación y repatriación de los presos es un proceso largo y complejo. Actualmente hay 143 procesos de repatriación pendientes en Ecuador. Según la información oficial, en 2020 se ejecutó solo una repatriación en marzo de ese año que devolvió a un ciudadano alemán que cumplía una condena de 10 años por tráfico drogas.

En la actualidad, Ecuador soporta una profunda crisis carcelaria como consecuencia del manejo abanderizado de los centros de rehabilitación. Solamente en febrero de este año, se reportó graves amotinamientos y la matanza de 79 presos. La cifra escaló a 116 en agosto después de que el Gobierno Nacional tomara el control de la violencia en las cárceles que fueran el epicentro de los actos sediciosos.

Las declaraciones del presidente Guillermo Lasso de ayer complementan un plan integral para neutralizar la desbordada violencia en las cárceles de Ecuador acentuada desde febrero de 2021, antes de que Lasso asumiera su mandato. Para esto se tiene previsto posibilitar la liberación por orden judicial de los presos que han cumplido con la mayor parte de su condena y que sus crímenes no sean de peligro para la sociedad. También se busca liberar a aquellos internos que padezcan de enfermedades catastróficas diagnosticadas clínicamente.

Fausto Cobo, un coronel pasivo de las Fuerzas Armadas con amplia experiencia en seguridad, nombrado recientemente por el presidente Lasso para detener los amotinamientos, aseguró que “estamos viviendo una crisis estructural en el sistema carcelario de Ecuador, pero es un efecto de una crisis mayor que viene acumulándose de años atrás”.