Dos adolescentes norcoreanos fuero sorprendidos y fusilados por agentes espías de ese país asiático, quienes tratando de vender en el mercado local el material de contrabando. Se trata de series surcoreanas que es ilegal la comercialización, la distribución y la proyección de esas series de TV en Pyongyang.

Aunque no precisan cuando fue la ejecución de estos jóvenes, se conoció que el pasado mes de octubre Pyongyang ejecutó públicamente a tres adolescentes mediante pelotón de fusilamiento, dos por ver y distribuir películas surcoreanas y uno por asesinar a su madrastra. Este tipo de acciones son poco frecuentes en este país, pero no son inauditas. Las autoridades las utilizan para aterrorizar a la gente y hacer que se comporten conforme a sus deseos, según medios internacionales.

Se trata de un Estado unipartidista dirigido por una dictadura totalitaria dinástica. La vigilancia es omnipresente, las detenciones arbitrarias son habituales y los castigos por delitos políticos son severos.

‘Los que ven o distribuyen películas y dramas surcoreanos, y los que alteran el orden social asesinando a otras personas, no serán perdonados y serán condenados a la pena máxima: la muerte’”, informó al servicio coreano del medio asiatico RFA un residente de la ciudad de Hyesan, en la frontera con China, justo donde tuvo lugar la ejecución.

La última ejecución de estos adolescentes tuvo lugar en octubre en la pista de aterrizaje de un aeródromo de la ciudad. Las autoridades dispusieron a los estudiantes adolescentes frente a un público pavoroso, los condenaron a muerte e inmediatamente los ajusticiaron.

Los fusilamientos se produjeron aproximadamente una semana después de que las autoridades celebraran reuniones públicas para comunicar a sus ciudadanos que se iban a poner firmes con los delitos relacionados con los medios de comunicación extranjeros, especialmente los procedentes de la cosmopolita y democrática Corea del Sur.

En los últimos años, las películas surcoreanas y occidentales, así como la música y los programas de televisión, se han extendido a lo largo y ancho del país en memorias USB y tarjetas SD fáciles de ocultar. Los contrabandistas introducen los archivos en el país desde China y luego los distribuyen entre particulares.

En diciembre de 2020, el gobierno norcoreano aprobó la “Ley de la RPDC sobre el rechazo de la ideología y la cultura reaccionarias”. Esta prohíbe distribuir medios de comunicación procedentes de Corea del Sur, Estados Unidos o Japón, y establece castigos que pueden llegar hasta la pena de muerte. El simple hecho de ver este tipo de contenidos puede acarrear una condena de 15 años en un campo de reclusión por delitos comunes.

Según la normativa, hablar, escribir o cantar al estilo surcoreano puede castigarse con dos años de trabajos forzados. Es tal la aversión a la cultura surcoreana que, en abril de 2021, Kim publicó una carta sobre los “venenos peligrosos”, en la que exponía su política para evitar que los jóvenes norcoreanos adoptaran un lenguaje, un peinado y una ropa extranjeros.

El gobierno no tolera el pluralismo, prohíbe los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, y niega sistemáticamente todas las libertades básicas, incluida la de expresión, reunión pública, asociación y religión. El temor a los castigos colectivos se utiliza para silenciar a la disidencia.

Las autoridades envían sistemáticamente a quienes consideran opositores a campos de prisioneros políticos secretos en regiones remotas, donde sufren torturas a manos de los guardias y trabajos forzados./La Razón.

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