La Justicia chilena informó este lunes la detención de tres personas presuntamente involucradas en los ataques perpetrados contra extranjeros venezolanos en una manifestación que a fines de septiembre en la ciudad de Iquique terminó con la quema de carpas y otras pertenencias de migrantes.
Por: El Espectador de Caracas / EFE
Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad ubicada más de 1.700 kilómetros al norte de Santiago luego de una manifestación antimigranción en la que participaron miles de personas, concentración que terminó en agresiones catalogadas por diversos organismos como xenófobas y discriminatorias.
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, calificó en aquel momento como una «inadmisible humillación» el ataque incendiario contra las pertenencias de las personas inmigrantes.
«El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo», afirmó.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestó además su «preocupación por las situación de cientos de niños inmigrantes en el norte de Chile luego de que una marcha terminara con la quema de pertenencias de personas extranjeras.
«Unicef manifiesta su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país», señaló la organización internacional en una declaración.
A fines de septiembre unos 3.500 migrantes estaban varados en las calles de Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta desértica hacia la costa.
La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados en espacios públicos.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados, lo que supone un 40 % de todo 2020.
