Luego de cinco días de que fueran hallados parte de los restos de la médico y enfermera, Nardy Mora, en la UE “Rafael Guerra Méndez”, sector Santa Rosa en Valencia, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) reveló detalles del caso a través de su cuenta en Instagram.

El director general del Cicpc, comisario Douglas Rico, informó que Yonattan Figueroa, de 45 años de edad, fue el autor intelectual y material del hecho que conmocionó a la sociedad carabobeña. La noche de este lunes, la Fiscalía dictó privativa de libertad a Figueroa por el delito de femicidio agravado consumado en contra de la médico.

Rico indicó que tras investigaciones se determinó que el sujeto, quien trabajaba como vigilante cercano a la zona, tenía días acosando a Mora. El pasado 24 de agosto, la doctora se encontraban en el sector Santa Rosa, cuando Figueroa la agarró por la fuerza y se la llevó a un cuarto, donde la golpeó con una mandarria en la frente y la dejó inconsciente.

“Posteriormente, utilizó un machete con el que le corta sus extremidades hasta desmembrarla, le lanzó algunas partes a un animal porcino que se encontraba en el lugar, para que este se las comiera, y arrojó otras partes a un río e incineró dentro de un pipote otros restos que quedaban”, detalló Rico.

Durante el procedimiento policial se colectó como evidencia un teléfono Redmi, perteneciente a la víctima; otro Alcatel propiedad del victimario, así como una carretilla, dos mandarrias, un machete y un pipote contentivo de aserrín.

Se conoció que Figueroa tenía antecedentes penales por el delito de violencia sexual contra una menor de edad, robo agravado y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

En torno al femicidio de la doctora y enfermera, de 45 años de edad, se han generado diversas protestas. Este martes, el gremio de enfermería y sociedad civil se concentró en la avenida Bolívar de Valencia, a la altura de la Cámara de Comercio, para exigir justicia.

El presidente del Colegio de Enfermería en Carabobo, Julio García, lamentó el hecho, al tiempo que exigió a los órganos de justicia esclarecer las interrogantes del suceso.

“Pedimos la máxima pena de 30 años, que se revise el entorno laboral, el tema de la cochinera, el sistema de admisión en los hospitales, por qué esa persona con un prontuario estaba en libertad“, cuestionó García.

Además, pidió que se instalen dispositivos de seguridad en los CDI, ambulatorios y consultorios populares, ubicados en zonas rurales.

“Tiene que haber un equipo donde se garantice la seguridad. Muchas veces los ambulatorios tienen que cerrar las puertas, porque el sistema se seguridad no está garantizado. Se han presentado casos de violencia y disparos, cosas que ocurren y son reales“, afirmó el representante de los enfermeros.

De acuerdo al informe del Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo, la violencia contra la mujer fue una constante en el primer semestre del año. Según sus estadísticas, entre enero y junio contabilizaron 12 femicidios en la región.