La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), presentó este lunes una denuncia contra las principales autoridades de este país, por un delito de lesa humanidad.

Al cumplirse un año de las protestas que ocurrieron en octubre de 2019, varios representantes de pueblos y nacionalidades ancestrales del país participaron en un protesta en la capital, en el parque de El Arbolito, epicentro de los disturbios.

De allí se desplazaron a la Fiscalía General del Estado y realizaron el ingreso formal del documento.

Documento que ataca al Estado y al presidente de Ecuador, Lenín Moreno; la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el contralor general del Estado, Pablo Celi, y el comandante general de la Policía, Hernán Carillo.

“Demandamos a las principales autoridades por un delito de lesa humanidad”, tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, explicó el abogado Carlos Poveda, durante una rueda de prensa que ofrecieron los representantes indígenas en el parque.

Protestas de octubre 2019

En los disturbios ocurridos en 2019, murieron una decena de personas y unas 1.500 resultaron heridas, casi un tercio de ellas agentes de seguridad.

El movimiento indígena encabezó las protestas, sobre todo a partir del tercer día, y fue el que negoció una salida con el presidente, a quien ahora demandan.

El Gobierno ha asegurado repetidamente que no hubo violación de derechos humanos, y que se emplearon únicamente medios antidisturbios legítimos y autorizados por derecho.

Poveda destacó que desde hace un año se ha pedido a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie e investigue las muertes y heridas de miembros de los pueblos indígenas pero que “ha pasado un año y no ha ocurrido nada”.

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, advirtió en la rueda de prensa que si el Estado no investiga, “si no responden”, el movimiento acudirá a “instancias internacionales”.

“Hemos declarado a este el mes de la resistencia; octubre rebelde para seguir luchando desde nuestros territorios. Estaremos hasta las últimas consecuencias por los perseguidos, los encarcelados, los familiares que perdimos”, indicó el líder indígena.

Poveda recordó que en los choques murieron 11 personas y hay más de 300 “mutilados”, pero se quejó de que no ha habido investigaciones de esas víctimas.