La defensa de la extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a EEUU, pidió este lunes al tribunal que le conceda la libertad bajo fianza, porque -dijo- «no hay riesgo de fuga», dado que no tiene dinero y no puede regresar a Venezuela sin peligro para su vida.
Por: El Espectador de Caracas / EFE
En el primer documento presentado por la defensa después de la llegada a EEUU de Díaz Guillén para responder por cargos de blanqueo de dinero en relación con una supuesta trama millonaria de corrupción en la Venezuela de Hugo Chávez, la abogada Marissel Descalzo hace hincapié en que la acusada tiene nacionalidad española, es esposa, madre de dos hijos y «mujer de fe».
Díaz Guillén fue tesorera nacional de 2011 a 2013 y antes formó parte del equipo médico del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mientras que su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, también pendiente de extradición, fue el jefe de seguridad del mandatario.
Los conocidos popularmente como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez establecieron su residencia en España en 2016 y tienen dos hijos menores de edad, según el documento.
Descalzo asegura en la petición a la que tuvo acceso Efe que «no hay riesgo alguno de fuga», lo contrario de lo que afirmó la Fiscalía en la primera cita judicial el pasado viernes, un día después de la llegada a Florida de Díaz Guillén.
NO TIENEN DINERO PARA FUGARSE, DICE LA DEFENSA
Entre otros motivos -señala la abogada- porque ni Díaz Guillén ni su esposo tienen «activos suficientes ni dentro ni fuera de EEUU para pagar la escapada y no pueden volver a Venezuela».
Regresar a su país natal sería «el equivalente a poner en peligro sus propias vidas ya que (…) fueron expulsados de Venezuela por la policía secreta en 2013», dice la abogada, que responde así a la Fiscalía que, entre las razones para pedir que sea mantenida en prisión, mencionó sus fuertes lazos con el régimen venezolano.
Descalzo también sustenta su petición en que Díaz Guillén estuvo sujeta a libertad bajo fianza a lo largo del proceso de extradición en España y no se fugó, y, en otro orden de cosas, plantea que hay antecedentes en la jurisprudencia de concesión de ese beneficio penal a acusados extranjeros.
Díaz Guillén está citada mañana martes a su segunda comparecencia ante el tribunal federal de West Palm Beach, a unos 100 kilómetros al norte de Miami, en el sur de Florida, donde se ventila su caso.
Además de destacar que la extraditada tiene varios amigos y al menos un familiar en el sur de Florida, la abogada miamense asevera que su defendida «no tiene historial criminal en ningún lugar del mundo y que los cargos que le son imputados son todos de naturaleza no violenta y no hay alegaciones de daño económico alguno a una persona específica».
Díaz Guillén esta acusada de cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales» en un caso en el que también está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
LA TRAMA POR LA QUE ES RECLAMADA
Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén.
También pagó a Velásquez, en beneficio de Díaz Guillén, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.»
El empresario de medios venezolano fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero».
Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por su «participación en la conspiración para cometer lavado de dinero».
Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados «a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país».
Tanto Díaz Guillén como Velásquez están sujetos desde enero de 2019 a sanciones económicas por parte de un organismo del Tesoro de EEUU debido a su presunta participación en la red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.
Además de a Guillén y Gorrín, el Tesoro también impuso sanciones a otros cinco individuos y 23 entidades utilizadas por la red para canalizar los fondos con sedes registradas en Nueva York, Miami, Delaware y la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves.
Como consecuencia quedaron congelados los activos que estas personas y entidades pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohibió llevar a cabo transacciones financieras con ellas.
