Un grupo heterogéneo de organizaciones estudiantiles y sindicales convocaron en abril del año pasado a un gran paro nacional que derivó en protestas agresivas, particularmente en Cali, que el gobierno de Iván Duque manejó con enorme torpeza. Todo ello redundó en un clima de violencia que se extendió por semanas con un balance doloroso en vidas humanas y con desarreglos económicos que vinieron a sumarse a los destrozos ya causados por la pandemia del covid.
El eje de las protestas había sido la reforma fiscal que nunca fue aprobada -además de que resultó necesario sacrificar al ministro del sector- pero en el trasfondo había mucho más que eso. La desigualdad social del país, que es una de las más dramáticas del continente, se había disparado a niveles superlativos como consecuencia de las medidas de contención de los contagios, lo que contribuyó a crear el ambiente perfecto para desestabilizar al país y debilitar a un gobierno que hacia malabarismos para mantener el buque a flote.
Por fuera de Colombia, las publicaciones internacionales lo veían así: “La pandemia ha provocado un aumento de la pobreza hasta 42% de la población, frente a 35% de hace dos años. A diferencia de Jair Bolsonaro en Brasil, Duque ha implementado políticas responsables de confinamiento. Pero 55% de la fuerza trabajo que opera en el mercado informal no puede confinarse si no existen ayudas del Estado para que puedan dar de comer a sus familias”.
La plataforma del candidato Gustavo Petro, el chavismo y la narcoguerrilla actuaban tras bambalinas de manera de arrimar la brasa para su sardina. Tratar de analizar el caos que fueron capaces de crear las fuerzas del mal en ese entonces, animadas por las izquierdas radicales que fueron eficientes en solidarizar a los jóvenes con la protesta, no es tarea de este artículo. El riesgo de quedarme corta es demasiado grande. Pero lo que sí es claro es que el atisbo de popularidad que hubiera podido tener Iván Duque en ese entonces se fue al cuerno. Todo lo anterior fue útil también para afianzar el deterioro del debate público y promover el marasmo político que hoy está penalizando a las fuerzas de derecha de Colombia frente al proceso electoral. O sea que el “paro” cumplió con el cometido de desestabilizar y polarizar más.
Dentro de la colectividad se consiguió sembrar la idea sesgada de que la violencia venía de la fuerza del orden público. Nunca la cifra será confiable pero instituciones de derechos humanos independientes reportan 63 muertes y más, la mayoría a manos de las fuerzas públicas, ocurridas durante las semanas de movilización.
Pues bien, los preparativos ya están listos para repetir la misma gracia mañana, otra jornada de movilización ha sido convocada por el Comité Nacional del Paro y la Central Unitaria de Trabajadores a 4 semanas de las elecciones colombianas y cuando lo que se está jugando en el país neogranadino es su estabilidad social y política y su futuro económico.
Una pequeña chispa puede de nuevo encender la sabana y destrozar la convivencia ciudadana. Durante el pasado “paro” se reportaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos entre el 28 de abril y el 4 de junio. Solo 11% -11.060 de estas protestas- fueron violentas, pero ellas fueron suficientes para desequilibrar el país y destrozar los esfuerzos de crecimiento económico que llevaba un buen ritmo. Una sola cifra ilustra el desastre: la inflación en alimentos que debido a la pandemia hubiera sido de 4,5%, se disparó, luego de los desórdenes, a más de 12%. Cada colombiano lo sufrió directo en su bolsillo.
Al igual que en el año 2021, las razones inmediatas para la convocatoria a paro serán de importancia relativa. Lo verdaderamente significativo es lo que sus promotores no dicen: en río revuelto, ganancia de pescadores.
