La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) presentó una serie de demandas y consideraciones sobre la situación en América Latina, con especial énfasis en la violación de los derechos humanos, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se lleva a cabo en República Dominicana.
En particular, la UPLA se enfocó en la transgresión de las libertades en naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras, además de la necesidad de un “enfoque internacional” para el rescate y la reconstrucción de Haití para no seguir “creando problemas migratorios” a sus vecinos dominicanos.
En cuanto a Cuba, la UPLA señaló que las violaciones de los derechos humanos continúan y se han intensificado, con más de 1,405 presos políticos, entre ellos 137 mujeres, que permanecen encarcelados en condiciones infrahumanas.
Además, aseguró, el nuevo Código Penal cubano “impone penas más severas” contra la sociedad civil, a lo que sumó que el régimen cubano ha cerrado espacios de opinión e información como las redes sociales, que son utilizados por contradictores de la dictadura castrista.
Entretanto, la UPLA destacó que las elecciones de la Asamblea Nacional que se llevarán a cabo el 26 de marzo en la isla “no cumplen” con los “más mínimos estándares electorales”, debido a que solo “perpetúan” un régimen en el poder.
Resaltó que organizaciones en Cuba, pertenecientes a la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), han celebrado reuniones para aprobar un Plan de Salvación Nacional que rija los primeros 24 meses, con el fin de lograr la democratización del país y afrontar retos políticos, sociales y económicos en ese proceso.
En cuanto a Venezuela, la UPLA hizo un llamado a la comunidad internacional para abordar la “compleja emergencia humanitaria” en que se encuentra sumida ese país, que, según la agrupación política, “compromete severamente” los derechos humanos de su población.
En ese sentido, la organización denunció la “persecución y encarcelamiento” de disidentes políticos, así como la restricción al ejercicio de la libertad de expresión y el acoso a líderes sociales y organizaciones no gubernamentales.
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