El integrante de la Comisión de Política Exterior Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN), diputado Roy Daza, advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia dio un “dictamen definitivo” en relación a la solicitud de levantar inhabilitaciones contra quienes lo solicitaron, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Barbados.
Ningún poder en el mundo, ni el Congreso de Estados Unidos ni la Casa Blanca le van a imponer leyes y decisiones a nuestro poder judicial y mucho menos a este parlamento”, explicó Daza.
También fue enfático al afirmar que Venezuela solicitará al gobierno de Estados Unidos y a su Departamento del Tesoro que levante de manera total las sanciones “contra nuestro país que representan un crimen de lesa humanidad, además que Venezuela no acepta ningún tipo de chantaje”.
Aseveró que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se ha ratificado continuar con el diálogo porque ello constituye un interés nacional y no una parcialidad política.
“El diálogo ha servido como un grupo de estabilidad política y quienes hoy pretenden dinamitarlo es porque están imbuidos en el irrespeto a la constitución y prefieren andar por los caminos contrarios a la legalidad” sentenció.
Sanción al humilde
Por su parte, el diputado por Acción Democrática (AD), Luis Eduardo Martínez, dijo que la sanción aplicada contra el oro venezolano y la amenaza de hacerlo igual con el petróleo y el gas, sólo perjudica al pueblo humilde.
“Si reimplantan las sanciones, los jefes del Gobierno y los jefes de la oposición extremistas seguirán comiendo completo. Quienes padecerán más sus consecuencias son millones de venezolanos humildes que están al margen del conflicto”, apuntó el dirigente opositor.
Martínez indicó que el mismo congrego estadounidense reconoce que las sanciones no “han tenido efecto político”.
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