Académicos, religiosos y varios sectores de Guatemala, incluida la comunidad internacional acreditada en el país, solicitaron este lunes que se respete la voluntad de la población expresada con el voto en las elecciones generales del pasado 25 de junio.

El llamamiento al respeto a la democracia por parte de diversos sectores llega después de que el 1 de julio el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ordenara suspender la oficialización de los resultados.

El denominado grupo «G13», compuesto por países donantes a Guatemala, divulgó un comunicado en el que «suplica» a las autoridades y actores políticos que aseguren «la integridad de la opinión de los votantes» en las urnas el pasado 25 de junio.

De igual forma, la conferencia episcopal guatemalteca pidió al Tribunal Supremo Electoral que la segunda vuelta presidencial se realice el próximo 20 de agosto, como está programado en el calendario electoral pactado desde hace casi un año.

CRECE LA PRESIÓN

Al igual que la comunidad internacional y la conferencia episcopal, otros sectores también han manifestado su contrariedad por la decisión de la Corte de Constitucionalidad.

Entre ellos, se encuentran profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y docenas de más gremios, quienes solicitan el respeto a la democracia en el país centroamericano.

Los comicios presidenciales del pasado domingo fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seguida por el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, que sorpresivamente se coló a la segunda vuelta tras arrasar en las zonas urbanas.

Mientras tanto, el Congreso quedó con mayoría de la agrupación oficialista Vamos, con 39 legisladores, seguido de la UNE (28) y Semilla (23).

El segundo puesto del candidato de Semilla, agrupación nacida de las manifestaciones contra la corrupción en 2015, no estaba en las encuestas divulgadas en las últimas semanas, ya que lo ubicaban en un octavo lugar en la carrera presidencial.

Arévalo de León advirtió el pasado viernes que su «avance», inesperado, «despertó el temor de los corruptos».

La suspensión de la corte, según expertos y analistas, genera un período de incertidumbre, ya que, por ejemplo, la reelección de los 13 magistrados del Supremo y renovación del Organismo Judicial, uno de los tres poderes del Estado, debió llevarse a cabo en 2019 y hasta la fecha se mantienen los mismos funcionarios que debieron dejar su cargo hace 4 años.

La resolución del máximo tribunal responde a una solicitud de nueve partidos de la política tradicional del país que alegan que antes de adjudicar los cargos se debe revisar nuevamente las actas de la votación celebrada el 25 de junio.

Sin embargo, de igual forma, analistas, periodistas y exfiscales atribuyen las acciones a un intento por detener las elecciones al denominado «Pacto de Corruptos», un grupo de políticos, militares, empresarios que han cooptado la mayoría de las instituciones del Estado guatemalteco y que quieren mantener sus intereses.

Con información de EFE

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