El escándalo de corrupción en Colombia toma vuelo con indicios de otros posibles malos manejos del dinero público en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la petición del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía de que investigue los contratos de esa entidad en los últimos ocho años.

El director general de la UNGRD, Carlos Carrillo, que llegó hace menos de dos meses al cargo decidido a limpiar la entidad, definió este miércoles como un «saqueo» lo sucedido en los últimos tiempos, incluso desde antes de la gestión de su antecesor, Olmedo López, que está en el centro del escándalo.

«El saqueo de la UNGRD no nació con Olmedo López, la Unidad ha sido víctima de una organización criminal que se ha adaptado a varios directores. Espero que la Fiscalía y la Corte Suprema lleven a la cárcel a todos los involucrados en esto a lo largo de los últimos 12 años», dijo Carrillo en su cuenta de X.

Justamente este miércoles la Corte Suprema de Justicia citó al ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, que fue director encargado de la UNGRD por un mes el año pasado, y a otras personas, a declarar por la supuesta utilización indebida de recursos de esa entidad.

Velasco tendrá que acudir a la Corte el 31 de mayo «en desarrollo de la indagación previa abierta de oficio tras las declaraciones de los exfuncionarios Sneyder Pinilla y Olmedo López», explicó el alto tribunal.

Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad estatal y segundo gran implicado, declaró este miércoles en la Fiscalía por los presuntos sobrecostos en la compra de carros cisternas para llevar agua potable al departamento caribeño de La Guajira.

El exfuncionario dijo el viernes pasado que el dinero de la Unidad se utilizó también para dar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio del apoyo a las reformas de Petro.

La declaración de Pinilla siguió a la Olmedo López, quien fue el martes a la Fiscalía a la que prometió contar toda la verdad de la corrupción en esa entidad adscrita a la Presidencia colombiana que tiene un presupuesto anual de 657.727 millones de pesos (unos 173,3 millones de dólares).

Con información de EFE

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