En los últimos días de octubre, al menos tres personas fueron dadas por desaparecidas en el estado Táchira por sus familiares, cuyos rostros se compartieron en redes sociales, entre ellas una niña de 12 años, en Rubio, municipio Junín, zona de frontera con Colombia.
Según reseña La Nación, las desapariciones en la entidad tachirense comienzan a tornarse en un grave problema que afecta a familias, causando dolor e incertidumbre. Según algunos testimonios de quienes aguardan el regreso o rescate de los suyos, es una angustia interminable que raya en la desesperación.
A menudo despiertan en la madrugada con la sensación de que escuchan sus voces. A veces quieren creer que de un momento a otro aparecerán en el umbral de la sala y los abrazarán, dando fin a la pesadilla, pero lamentablemente, esto no es así.
Desde la ONG Fundaredes, tomando en cuenta los reportes de los medios de comunicación, hacen un seguimiento de las desapariciones en los estados fronterizos del país en el informe denominado “Curva de la violencia”.
Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Zulia y Táchira, son monitoreados por los especialistas de la citada ONG, cuyos resultados hacen un llamado de alerta constante a la opinión pública y a las autoridades.
En este sentido, las cifras son concluyentes. Durante el primer trimestre de este 2022, el estado Táchira encabezó la tabla de las estadísticas, con un total de 45 desapariciones, seguido del estado Bolívar que registró 28 y el Zulia, con 11.
Para el segundo trimestre –de abril a junio- la entidad andina siguió en este nefasto primer lugar, aunque con un número menor, presentando 25 casos, escoltada por Falcón con 12 y Zulia con 10.
En este contexto, habría que tomar en cuenta los casos que, por una u otra circunstancia, no son reportados a los medios de comunicación ni a las autoridades, lo que sucede en algunos municipios del estado con presencia de supuestos grupos irregulares.
Tráfico de personas
Las causas de las desapariciones pudieran tener relación con el hecho de que el Táchira es uno de los estados fronterizos más activos del país, por donde se han movilizado más venezolanos, en los últimos años de crisis, para arribar a Colombia y, en algunos casos, posteriormente, emigrar a otros países.
El estado andino es una especie de puente entre ambas naciones, circunstancia que, de una u otra manera, ha desatado una serie de delitos transfronterizos, tal y como comentó el año pasado, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a propósito de los hechos que vienen ocurriendo en la entidad.
En este punto, se presume que las desapariciones serían una consecuencia de esta ola de criminalidad, relacionada con el tráfico de personas, así como con la explotación sexual de niños y adolescentes, entre otros delitos.
De hecho, monseñor Mario Moronta, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, expresó su preocupación al respecto, hace algunos meses, a los medios de comunicación, concentrando la lupa en una de las aristas menos tocada en este contexto: la venta de órganos.
«Hemos hecho la denuncia nacional e internacional, ya incluso la santa sede a través del Diaconado de Justicia Social, tiene en conocimiento sobre esta situación tan difícil como es la venta de órganos, venta de niños y tráfico de personas», subrayó en esa oportunidad.
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