Por Yaniuska Briceño

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, firmaron el pasado viernes un acuerdo para establecer una oficina de asistencia técnica de este tribunal en Caracas. Con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia del país y garantizar el respeto a los derechos humanos.

El acuerdo se enmarca en el proceso de cooperación y complementariedad iniciado en octubre de 2021 entre el Gobierno venezolano y la Fiscalía de la CPI. La cual tiene abierta una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela desde 2018.

Maduro calificó la jornada como “buena, intensa y satisfactoria”. Y, recordó las anteriores visitas de Khan a Venezuela en noviembre de 2021 y marzo de 2022, que también fueron fructíferas.

El mandatario expresó su optimismo de que la oficina de la CPI tendrá “un impacto muy favorable” en el marco del Estatuto de Roma. Que rige el funcionamiento de este tribunal, para el fortalecimiento de los procesos de reforma y de cambios necesarios del sistema nacional de justicia.

Por su parte, Khan afirmó que este acuerdo es la concreción de todos los esfuerzos iniciados en octubre de 2021. Y, aseguró que ahora podrá venir más a menudo a ayudar a Venezuela con la asistencia técnica y la capacitación, a fin de que pueda cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma.

El fiscal dijo que su misión es “garantizar que haya más justicia” en Venezuela y aseguró que respeta la soberanía del país. Además, señaló que durante su visita se reunió con el fiscal general Tarek William Saab. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez.

El acuerdo fue celebrado por diversos sectores políticos y sociales de Venezuela, que lo consideraron un paso positivo para el diálogo, la paz y la democracia.

Sin embargo, también hubo voces críticas que cuestionaron la legitimidad del Gobierno de Maduro y la independencia de la CPI.

Posibles implicaciones jurídicas

Este acuerdo tiene varias implicaciones jurídicas, tanto para Venezuela como para la CPI. Por un lado, implica un reconocimiento de la soberanía y la jurisdicción de Venezuela para investigar y juzgar los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio, en el marco del principio de complementariedad que rige el funcionamiento de la CPI. Este principio establece que la CPI solo interviene cuando los Estados no tienen voluntad o capacidad de hacerlo.

Por otro lado, implica un compromiso de cooperación y asistencia técnica entre Venezuela y la CPI, para fortalecer el sistema de justicia venezolano y garantizar el respeto a los derechos humanos. 

Además, implica una oportunidad para que Venezuela demuestre su buena fe y su disposición a rendir cuentas ante la comunidad internacional. Esto, en un contexto de presiones y sanciones por parte de algunos países y organismos. El acuerdo también podría contribuir a generar confianza y diálogo entre el Gobierno y la oposición, así como entre Venezuela y otros Estados Partes del Estatuto de Roma.

Sin embargo, el acuerdo también implica algunos desafíos y riesgos, tanto para Venezuela como para la CPI. Por ejemplo, Venezuela tendrá que demostrar que está realizando investigaciones genuinas y efectivas. Y, que está dispuesta a sancionar a los responsables, sin importar su rango o afiliación política. De lo contrario, podría enfrentar una intervención de la CPI, que podría abrir una investigación formal y emitir órdenes de arresto contra los sospechosos.

Asimismo, la CPI tendrá que demostrar que está actuando con independencia e imparcialidad, sin dejarse influir por intereses políticos o económicos externos. La CPI también tendrá que garantizar la seguridad y protección de sus funcionarios, testigos y víctimas. Así como el respeto a sus derechos y garantías procesales. Además, tendrá que superar las limitaciones logísticas y financieras que enfrenta para cumplir con su mandato.

Los expertos hablan…

• Luis Daniel Cambero, periodista y analista político, dice que la oficina de la CPI es una muestra de que el fiscal Karim Khan está comprometido con la justicia y la verdad. Y, que no se dejará presionar por el gobierno de Maduro.
• José Ignacio Hernández, abogado y exprocurador especial de Venezuela, cree que la oficina de la CPI es un avance importante para la rendición de cuentas y la protección de los DDHH. Pero, advierte que podría enfrentar obstáculos y amenazas por parte del gobierno de Maduro.
• Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, expresa su satisfacción por la instalación de la oficina de la CPI en Venezuela. Y, pide que se garantice su independencia y seguridad, así como el acceso a las víctimas y a las fuentes de información.
• Tarek William Saab, abogado y fiscal general de Venezuela, afirmó que el acuerdo es una muestra de la voluntad del Estado venezolano de cooperar con la CPI y que la oficina servirá para fortalecer el sistema de justicia nacional.

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