La Corte Suprema de Brasil juzgará a civiles y militares que estuvieron involucrados en los actos antidemocráticos del pasado 8 de enero, según determinó el magistrado Alexandre De Moraes.

En su decisión, De Moraes destacó la «competencia» del Supremo Tribunal Federal (STF) para el caso «sin distinguir civiles y militares» y, de paso, autorizó a la Policía Federal para «instaurar» una investigación por «eventuales delitos» cometidos por militares.

El magistrado se amparó en el Estatuto Antiterrorista que estipula que en «actos que atentan contra el régimen democrático» la Justicia «no está asociada a la función militar», que tiene su propia jurisprudencia.

La Policía Federal había pedido a la Corte Suprema autorización para investigar la «supuesta participación» de efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Policías Militarizadas en el delito de «abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado».

Investigaciones prorrogadas

De Moraes, en la misma decisión, prorrogó en sesenta días las investigaciones por los actos golpistas y en noventa las que avanzan sobre las «milicias digitales antodemocráticas» que habrían fomentado los mismos a través de las redes sociales.

Las investigaciones forman parte del proceso sobre el violento asalto a los tres poderes ocurrió el 8 de enero y que casi 2.000 detenidos -con un tercio todavía arrestados- y operaciones policiales en curso. 

Ese día, una turba de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia, en un intento de golpe de Estado contra el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.

En paralelo, la Policía Federal ha puesto en marcha la Operación «Lesa Patria» en busca de aquellos que «participaron, financiaron, se omitieron o fomentaron» la invasión de los poderes y que ha salpicado a miembros de la Policía Militarizada.

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