El Partido Comunista chino castigó el año pasado a 610.000 funcionarios, una cifra récord que apuntala la perenne campaña contra la corrupción de su secretario general, Xi Jinping, quien afianzó su poder al frente del país durante el XX Congreso que celebró la formación en 2022.

La cifra supone un aumento del 3 % respecto al año anterior, según las últimas estadísticas ofrecidas por la temida comisión disciplinaria del régimen, a lo que hay que sumar otras 100.000 sanciones por «mal comportamiento».

De entre los castigados en 2023, 49 eran altos cargos a nivel provincial o ministerial, cantidad también récord y resultado de la «revolución interna» que Xi adelantó en aquel Congreso, en el que cimentó su ya enorme poder perpetuándose un lustro más en el cargo sin que nadie pueda hacerle sombra y sin sucesor a la vista.

A estos casos hay que sumar las investigaciones en el seno del Ejército, que cuenta con su propio órgano anticorrupción y que a finales de diciembre anunció la destitución de nueve generales tras el fulminante cese del titular de Defensa, Li Shangfu, presuntamente envuelto en un caso de corrupción a gran escala.

El Partido no dio entonces explicaciones sobre ese caso como tampoco aclaró lo sucedido con Qin Gang, el ministro de Exteriores que en algún momento fue del gusto de Xi y que desapareció durante semanas de la vida pública hasta que se oficializó su abrupta caída en desgracia, alimentando todo tipo de rumores.

También han caído en los últimos meses el ex vicepresidente del Banco Chino de Desarrollo, He Xingxiang, condenado a 20 años de prisión por recibir sobornos millonarios cuando ocupó el cargo, o el de la Asociación de Fútbol, Chen Xuyuan, a la espera de una pena similar por su imputación en una trama de amaño de partidos.

En un momento de turbulencia económica, el órgano anticorrupción también ha investigado a antiguas eminencias del sistema financiero, como Li Xiaopeng, ex presidente de China Everbright Group, uno de los conglomerados estatales más grandes y antiguos del país; a Liu Liange, ex presidente del Banco de China, de propiedad estatal; o a Wang Bin, ex director de la aseguradora China Life.

«Nadie está a salvo»

Xi, que en el Congreso de 2022 se rodeó de fieles para copar la nueva cúpula del Partido entre llamadas a la «unidad», pidió este mes «redoblar» la lucha contra la corrupción que inició hace una década y que, según el mandatario, ha cosechado «una victoria abrumadora», si bien auguró más castigos porque «la situación es todavía grave».

«Nadie está a salvo. Xi ha profundizado la campaña tras encontrar muchos problemas que se habían acumulado durante décadas ante el rápido desarrollo del país y una disciplina laxa. No parece que vaya a parar», relata Deng Yuwen, antiguo editor del periódico oficial de la Escuela de la formación, en declaraciones que recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Además del financiero, la campaña actual apunta a sectores tan variopintos como el tabacalero y el farmacéutico, entre otros, y sigue a la emprendida en 2012, que vino acompañada de un aumento de la represión, la censura y las sospechas de que las acusaciones formaban parte de una estratagema para acabar con los críticos.

Sobre todo entre los llamados «tigres», los funcionarios de más alto rango, aunque en la diana están ahora muy presentes las «moscas» y las «hormigas», es decir, cuadros inferiores envueltos en casos de corrupción de menor escala que son más fáciles de ocultar.

Según la comisión, en 2023 se investigaron 107.547 casos de «violación disciplinaria» en la que más 108.695 funcionarios recibieron castigos por «despilfarro», «incumplimiento de responsabilidades», «falta de voluntad» o «exceso de formalismos», entre otros.

Con información de EFE

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