La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú decidió archivar este viernes la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra varios ministros y exministros, por la muerte de manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales.
La decisión de declarar la denuncia improcedente y, por tanto, que pase a archivo, contó con el voto a favor de 11 parlamentarios, 5 en contra y 3 abstenciones.
La denuncia, presentada por la parlamentaria de izquierdas Ruth Luque, también buscaba acusar al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, César Cervantes, exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otárola, así como al exministro de Justicia, José Tello.
La conducta atentó contra la Constitución de Perú
Luque, en su denuncia, consideró que todos ellos habían incurrido en una infracción de la Constitución; particularmente en lo referido a sus atribuciones «en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares».
«Consideramos que la conducta en la que habrían incurrido atenta, de forma evidente, contra lo dispuesto por los artículos 44 y 118, inciso 1 de la Constitución en conexión con los artículos 1 y diversos apartados del artículo 2 de la Constitución; con especial atención en lo referido a los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica». Así indica el documento recogido por la emisora RPP.
Para los parlamentarios integrantes de la subcomisión la denuncia era improcedente. «No ha cumplido con el criterio en cuanto a ‘que se refiera a hechos que constituyan infracción de la constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal’».
Además, subraya que uno de los denunciantes «se encuentra en el supuesto del literal C del articulo 89 del reglamento del Congreso».
Dicho artículo sostiene que debe considerarse «si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio; o si ésta se encuentra o no vigente».
El antejuicio político es el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios. Tal y como es el caso de la presidenta y ministros.
Las manifestaciones de diciembre de 2022
En las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022, fallecieron 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe publicado este miércoles la violencia policial registrada en Perú durante estas manifestaciones. Y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales».
Además, añadió que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada «con un enfoque étnico-racial». Y consideró que la situación podría ser considerada como «una masacre».
Con información de EFE
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