Los hombres que comandó alias Otoniel adoptaron en los municipios de Antioquia una de las estrategias más crueles que utilizó Pablo Escobar para hacerle contrapeso a la Policía: los ilegales le pusieron precio a cada homicidio contra los miembros de la institución.

Espectador de Caracas/ Semana

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la muerte de cada uniformado en suelo antioqueño llega a costar hasta dos millones de pesos. Al parecer, la financiación estaría siendo asumida con las rentas que les dejan los negocios delincuenciales.

En las subregiones del departamento tienen a cargo el narcotráfico, minería y tráfico de migrantes de Colombia hacia Panamá, con las rutas que se apoderaron entre Necoclí, Acandí y la selva del Darién.

Ese ofrecimiento está enmarcado en un plan pistola que ordenaron activar los cabecillas del Clan del Golfo en Antioquia, Chocó y Córdoba, para responder ante los constantes golpes que han recibido: capturas, extradiciones y retención de mercancías.

Esa técnica ilegal es una herencia que dejaron los capos de Medellín cuando empezaron a ofrecer plata por la muerte violenta de cada policía. En las calles de la ciudad circuló el ofrecimiento que iba desde un millón de pesos por un agente y tres por un oficial.

Según el registro de las víctimas del narcotraficante Escobar, al menos 500 policías murieron violentamente en la ciudad entre 1989 y 1992. En adelante, esa técnica ilegal fue replicada por cada uno de los grupos armados organizados.

Las unidades de inteligencia dan cuenta que el delito se está cometiendo con mayor frecuencia en los pueblos del Urabá antioqueño y el Bajo Cauca, donde concentran amplio número de militantes en sus filas.

El grupo ilegal estaría haciendo uso de los ‘campaneros’ o ‘puntos fijos’ en las poblaciones donde los civiles les advierten sobre la ubicación exacta de cualquier miembro de la institución que tenga el uniforme puesto.

Sin embargo, en los municipios y corregimientos donde no hay mayor circulación, en las últimas semanas activaron un seguimiento permanente para atacarlos cuando no están de servicio, dado que no tienen la capacidad de responder.

Hace unos días, en Necoclí, fueron atacados dos hombres que están inscritos al comando de Urabá cuando estaban comprando alimentos. Otro fue víctima de un atentado cuando estaba en el funeral de su madre.

La situación más crítica se vive en Antioquia. En promedio, cada tres días un policía es víctima de los ilegales. En lo que va corrido del año, 30 miembros de la fuerza pública han caído mortalmente en las manos de los grupos armados.

Los homicidios se han dado en diferentes escenarios: combates, acción de minas y hostigamientos contra las estaciones fijas. Estos últimos han quedado registrados en cámaras de seguridad, por lo que la captura de los responsables ha sido más fácil.

El comandante de la región seis de la Policía, brigadier general Gustavo Franco, detalló que la institución activó un plan especial de seguridad que promete mermar la ofensiva de retaliación que asumió el Clan del Golfo en los pueblos de Antioquia, Chocó y Córdoba.

“Llegaron a esta zona del país los comandos LOBOS, el grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado más especializado de Colombia, encargados de adelantar operaciones de asalto contra los cabecillas y acciones focalizadas contra los denominados puntos o postes”, afirmó el comandante en conversación con SEMANA.

Frente al avance en las investigaciones de los homicidios que se cometieron en el primer semestre de 2022 contra los uniformados, resaltó que acumulan varias capturas de presuntos responsables.

En los procesos penales aparecen los supuestos autores materiales de las muertes de los patrulleros Andry Merlano y Fabio Enrique Martínez, ultimados con arma de fuego en las zonas urbanas de Santa Fe de Antioquia y Turbo. En ambos casos, los procesados estarían vinculados a las subestructuras de sicariato del Clan del Golfo.