La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este jueves al Estado de El Salvador a «restablecer» los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción «instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana».

El Salvador cumplió un año con esta medida, que ha dejado más de 66.400 capturas y al menos 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias recogidas por organizaciones humanitarias.

«La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas», indicó el organismo en un comunicado.

Agregó que «la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común» y destacó que se habrían registrado «188 días sin homicidios en los últimos 12 meses».

La CIDH dijo además que «ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. También, ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal».

La entidad apuntó que «reconoce los grandes retos del Estado para enfrentar los altos índices de violencia producto de las actividades de estructuras criminales como las pandillas».

«El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia – tanto el control, así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana – se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho», subrayó.

El régimen de excepción, en el que el Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada «guerra contra las pandillas», suspende derechos como la defensa de las personas detenidas y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

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