Una devastadora inundación, la retracción de un glaciar que deja sin agua a una población, la falta de políticas públicas ante las olas de calor, la inacción ante las amenazas a defensores ambientales y el incumplimiento de los compromisos en el Acuerdo de París son algunas de las causas que podrían iniciar un juicio nacional e internacional.
El reconocimiento del ambiente como derecho inauguró hace unos años las posibilidades de que los ciudadanos puedan exigir ante los tribunales el accionar que los gobiernos deberían ejercer por sí mismos.
A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se hacen más frecuentes e intensos, los ciudadanos de todo el mundo cuestionan la capacidad de los Estados y gobiernos democráticos para protegerlos de lo que parece ser un futuro apocalíptico. En este escenario, la CIDH está llamada a desempeñar un papel central.
“En este sentido, los derechos humanos no solo aportan una perspectiva necesaria para evaluar las consecuencias de la emergencia, sino que ofrecen herramientas fundamentales para buscar soluciones oportunas, justas, equitativas y sostenibles a la misma”, señala el documento en el que Colombia y Chile solicitaron para que se concretaran esas opiniones consultivas en Brasil, la semana pasada. Las obligaciones en materia de derechos humanos pueden ofrecer una guía fundamental para acelerar respuestas eficaces de manera justa, equitativa y sostenible”.
“La intervención de la Corte es novedosa y trascendente. Los tratados de derechos humanos no incorporan al ambiente como derecho a tutelar, entonces las intervenciones de este tipo de tribunales a partir de lo que ha significado el derecho al ambiente en Naciones Unidas, el reconocimiento en Europa y el Acuerdo de Escazú que es un vínculo fundamental entre el ambiente y los derechos humanos es un camino que se cierra el círculo que había sido muy reclamado históricamente”, explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) cree que es un paso trascendental: “Una opinión consultiva es un manual, una hoja de ruta muy comprensiva que les dirá a los estados de la región [no solo a Chile y a Colombia] qué tener en cuenta a la hora de proteger el conjunto de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática”.
La resolución de la CIDH que, se espera que sea presentado a fin de año, orientará a los Estados sobre cómo actuar frente a la emergencia climática, y podrá servir de guía para la sociedad civil y la academia.
El proceso contó con 260 contribuciones de unas 600 organizaciones de la sociedad civil, junto con las de expertos en derecho internacional. Y las intervenciones abordaron temas como la ciencia del clima, el acceso a la justicia, los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, los niños y las generaciones futuras, la migración y el desplazamiento climáticos.
También se hicieron presentaciones sobre los efectos del cambio climático en los grupos indígenas y las formas de proteger sus derechos humanos. Lucía Xiloj, abogada maya quiché de Guatemala, pidió a la Corte considerar que “las personas defensoras ambientales somos cada vez más vulnerables en el contexto de la emergencia climática, y que la criminalización hacia las personas defensoras es una violación a los derechos humanos que debe desaparecer”.
Los científicos también estuvieron presentes ante la Corte e hicieron especial hincapié en la importancia de sostener el límite del aumento promedio de la temperatura en 1,5ºC sobre los niveles preindustriales, y la necesidad de que los Estados descarbonicen y reduzcan rápidamente los contaminantes climáticos de vida corta.
Los contaminantes climáticos de vida corta o supercontaminantes (como el metano y los hidrofluorocarbonos utilizados en los equipos de refrigeración) permanecen en la atmósfera durante menos tiempo que el dióxido de carbono, pero son potentes responsables del calentamiento global.
En América Latina, las tres actividades principales que generan este tipo de gases son: la actividad agropecuaria, la combustión de combustibles fósiles y los residuos.
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