El Gobierno de Venezuela siempre ha tenido como un elemento primordial en su política exterior la situación de conflicto armado que vive Colombia desde hace más de seis décadas, pues este fenómeno, de manera directa e indirecta, ha incidido en la situación interna del país, tanto en lo político, como en lo económico y en lo social, tomando en cuenta que una de las principales consecuencias de ese conflicto ha sido el movimiento migratorio hacia distintas regiones del país, que se acentuó en la década de los 60 del siglo XX, y que se refleja en la presencia de más de cinco millones de colombianos, aproximadamente, en toda la geografía nacional.
Además de ello, la violencia en Colombia también ha propiciado el desplazamiento hacia nuestro territorio de grupos denominados paramilitares, que han ejecutado acciones terroristas en las poblaciones y zonas fronterizas.
En ese contexto, la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en 1999, liderada por el presidente Hugo Chávez Frías, significó el aumento del interés de Venezuela en abrir caminos hacia la paz en el vecino país, mediante el diálogo y las negociaciones entre el gobierno colombiano y los movimientos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
A pesar de las diferencias políticas entre Chávez y los exmandatarios Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, ambos gobiernos convinieron en que era necesaria la intermediación de un tercero para agilizar negociaciones entre el Ejecutivo colombiano y los movimientos guerrilleros, con el objeto de liberar personas secuestradas y acabar con atentados explosivos y terroristas.
De esta forma, comenzaron las conversaciones entre ambos mandatarios, tomando en cuenta el liderazgo creciente de Chávez, para establecer un hilo comunicacional con la guerrilla de las Farc y el ELN.
Uribe da un paso atrás
El 22 de noviembre de 2007, el Gobierno de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez, prescinde de su homólogo Hugo Chávez como mediador para alcanzar un acuerdo que permita la liberación de los secuestrados por las Farc, debido a las diferencias entre ambos mandatarios, principalmente por las críticas de Chávez sobre las acciones criminales del paramilitarismo por lo que fue dejado a un lado, situación que fue aprovechada por Uribe para exponer como argumento que el mandatario venezolano se estaba inmiscuyendo en asuntos internos de Colombia y estaba protegiendo a guerrilleros en Venezuela.
No obstante, a los pocos días, las Farc expresaron su disposición de liberar tres rehenes, entre ellos un niño, y entregarlos al líder venezolano, como “desagravio” por haber sido apartado de las negociaciones para un canje de secuestrados.
En un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, enviado a la agencia de noticias cubana Prensa Latina y luego confirmado por Chávez, se informó que los rehenes que serían liberados eran Consuelo González, Clara Rojas y su hijo Emmanuel, nacido hacía unos tres años en cautiverio.
Chávez, de visita en Montevideo para una cumbre de la unión aduanera Mercosur, confirmó la autenticidad del texto y dijo que estaba evaluando la propuesta.
Finalmente, el 10 de enero de 2008, el propio Chávez confirmó la liberación de Clara Rojas, excandidata a la Vicepresidencia de Colombia, su hijo y la excongresista Consuelo González de Perdomo, secuestrada desde el 10 de septiembre de 2001.
Los liberados fueron trasladados en helicóptero desde la zona selvática colombiana donde se hallaban retenidos hasta Caracas, donde se reencontraron con sus familiares.
Sin embargo, quedaba aún pendiente la liberación de Íngrid Betancourt, en manos de la guerrilla junto a Clara Rojas.
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