Jorge Rodríguez, el principal operador político de la cúpula comunista que ha destruido nuestra nación, expresó el pasado viernes 3 de septiembre de 2021, al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, para asistir a la mesa de negociación con la comisión de la oposición democrática venezolana, que acudía para “recuperar las garantías económicas para el pueblo.”
El cínico discurso de Jorge Rodríguez esconde el verdadero propósito que los ha llevado a sentarse en la mesa de negociación: el levantamiento de las sanciones económicas al Estado socialista y a la larga lista de personajes que saquearon el país, y cuyas cuentas y bienes están ubicados en Estados Unidos y en la Unión Europea.
“Recuperar las garantías económicas”, como señala el conocido psiquiatra, es admitir que los ciudadanos venezolanos hemos perdido nuestros derechos económicos, cuestión absolutamente cierta.
La pérdida de nuestras “garantías” o derechos económicos es una consecuencia directa de la pérdida de nuestros derechos civiles y políticos fundamentales. Es el resultado del establecimiento del Estado comunista.
Lamentablemente, la cúpula roja que Rodríguez representa no admite esta otra faceta del asunto. Piensan que pueden engañar al país y al mundo con su discurso reduccionista según el cual toda esta tragedia económica se debe a las sanciones de la comunidad internacional. Si bien algunas de ellas han privado a la administración Maduro de algunos recursos financieros, no es para nada cierto que la quiebra de las finanzas públicas, la destrucción de la industria petrolera, de la infraestructura, de las empresas del Estado y de la economía privada se deba a las sanciones. Son el resultado del fracasado modelo socialista y de la banda de asaltantes que colocaron a manejar empresas, programas y políticas púbicas con las cuales despilfarraron y robaron más de 750.000 millones de dólares.
Los venezolanos no podemos aceptar el discurso manipulador y simplificador que el madurismo pretende instalar en el subconsciente colectivo. En todos los escenarios estamos obligados a desenmascarar la mentira y recordar la verdad.
Las garantías económicas se empezaron a perder cuando Chávez inició el desconocimiento de su piedra angular: la propiedad privada. Expropiaciones, confiscaciones, invasiones a fábricas, comercios, viviendas, centros comerciales, fondos financieros y unidades de producción agropecuaria han sido una constante en estos tiempos del socialismo bolivariano. Al vulnerar la propiedad y la iniciativa privada se echaron las bases de esta catástrofe. Se perdió la seguridad jurídica. Cualquier comisario político, jefe militar o juez de aldea se sintió autorizado para violar el derecho de propiedad y el trabajo de los ciudadanos.
Es importante recordar que Hugo Chávez recibió una industria petrolera pujante. Una Pdvsa orgullo de Venezuela porque era una de las más importantes corporaciones petroleras del mundo. Producíamos más de 3 millones de barriles diarios de petróleo y sus derivados. Vendíamos gasolina a toda América y Europa. A través de Citgo surtíamos a millones de vehículos en Estados Unidos.
Después de 20 años de revolución no tenemos gasolina y dependemos del combustible importado. Todos sabemos que Chávez y Maduro nombraron personas incapaces para manejar la industria petrolera, llegando a despedir, confiscándoles sus ahorros y prestaciones, a más de 20.000 trabajadores.
Proyectos faraónicos unos, como el gasoducto del sur, y risibles otros, como el de los gallineros verticales, sirvieron de excusa para que un enjambre de oportunistas y bandidos se apropiaran del dinero del inconstitucional Fondo de Desarrollo Nacional. Fondo este convertido en caja chica con el cual Chávez repartió, a manos llenas, el dinero de la gran bonanza petrolera de comienzos del presente siglo.
Las garantías económicas las perdimos los venezolanos con el control de cambio y la creación de Cadivi, desde donde se cometió uno de los más grotescos desfalcos de toda nuestra historia republicana.
También contribuyó significativamente a lograr esa pérdida la estatizacion de empresas, compradas unas y confiscadas otras, que luego de asumidas por el sector público fueron desmanteladas, saqueadas y quebradas por activistas políticos y militares socialistas, que encontraron en ellas el botín de guerra por su lealtad a la revolución bolivariana.
Esa lista es muy grande, pero solo a modo de ejemplo podemos recordar las empresas de Guayana, las cementeras, bancos, Agroisleña, Lácteos Los Andes, Electricidad de Caracas.
A eso debemos sumar el brutal endeudamiento al que sometieron al país, llegándose al punto de comprometer a las próximas generaciones con una hipoteca extremadamente pesada. En efecto, Chávez y Maduro no solo despilfarraron y permitieron el robo de 1 millón de millones de dólares, sino que nos hipotecaron por más de 200.000 millones adicionales.
Esta monstruosa suma de recursos malversados por la camarilla roja terminó destruyendo nuestro sistema monetario. como consecuencia de la hiperinflación desatada, hasta el punto, que ya hoy en la realidad de nuestra economía, el bolívar dejó de existir.
Recuperar nuestras “garantías económicas”, como lo señaló Jorge Rodríguez, es decir, nuestros derechos económicos, implica recuperar nuestros demás derechos, es decir, nuestras libertades. Libertad de opinión, de movimiento, de asociación, de manifestación, de elegir y revocar a los funcionarios. O dicho de otra forma, todo pasa por recuperar nuestra democracia, nuestras instituciones.
Para ello solo le debemos exigir el respeto a un derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución: el referéndum revocatorio.
¿Será mucho que la delegación de la oposición en la mesa de México lo exija?
Así lo creo.
