El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, informó a través de la red social X que el despojo de Citgo a la República Bolivariana de Venezuela, fue materializado por un juzgado estadounidense, que se valió de la complicidad de la extrema derecha venezolana, para maquillar de legalidad un fraude a la nación.

En un post de la red social, Castillo informó que fue publicada la subasta de «Citgo Holding Corporation por parte del juez de distrito de Delaware, EEUU., Leonard Stark».

Explicó que luego de las acciones contra la república por parte de estos grupos opositores, vinculados a intereses económicos estadounidenses, dieron paso a «la fase final para este robo con apariencia judicial (que) se inició en abril pasado y recién ahora se conoce la agenda».

El viceministro recordó que este proceso tuvo sus inicios gracias a una «empresa de maletín» llamada Cristallex en el año 2018, la cual contó con la asesoría del abogado venezolano José Ignacio Hernández. Este proceso luego se transformaría en una «operación de despojo a Venezuela».

Comentó que para hacer posible este robo a la nación, «se usó al llamado interinato de Juan Guaidó, reconocido como Presidente por Donald Trump en 2019, con el aval de la extinta Asamblea Nacional 2015″.

Castillo recordó que para aquel momento, la totalidad de la oposición venezolana, hoy fragmentada en varias parcelas, apoyó esa medida y pidió sanciones contra el país desde el año 2015, cuando el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, declaró a nuestro país como una «amenaza inusual y extraordinaria».

Hizo memoria de que muy buena parte de esta oposición «vivió y se chuleó el dinero robado al país», y añadió que «aún dirigentes opositores de aquel tiempo» están como actuales diputados de la AN.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Pedro Infante consignó el pasado mes de octubre ante el Ministerio Público, el informe derivado de la investigación realizada con respecto a lo que se ha conocido como robo de la empresa Citgo.

De acuerdo al informe consignado por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en este hecho estarían involucradas 351 personas y 15 partidos políticos

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