El pasado 21 de julio cumplió un mes de creada por Nicolás Maduro la Comisión para la Revolución Judicial, con el fin de eliminar el retardo procesal que viven los hombres y mujeres privadas de libertad en Venezuela y además descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales, una tarea para la cual se dio un lapso de 60 días.
Desde la creación de esta comisión he visto con buenos ojos que finalmente se volteara la mirada a la grave situación que viven los presos venezolanos, de los cuales aproximadamente 70% no tiene aún una sentencia definitiva, a pesar de los muchos años encarcelados, violando derechos constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Aunado con eso, es importante que finalmente se reconozca la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, espacios para tener a reclusos por lapsos no mayores de 48 horas, pero que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas. Esto es un avance. La organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, tiene 5 años denunciándola, ha elaborado más de una docena de informes alertando de las violaciones de derechos humanos que se cometen en estos recintos y es solo ahora que se decide tomar alguna medida para darle solución al problema.
Hoy, a más de un mes de creada la comisión de revolución judicial, considero importante hacer un balance de lo que se conoce del trabajo que han realizado en todo el país, a pesar de que una de las características principales que hasta ahora tiene el trabajo hecho es la falta de información oficial.
Considero que falta una planificación detallada del trabajo que se debe hacer, así como manuales de procedimientos que unifiquen el trabajo de las diversas comisiones que se han creado en los diferentes estados del país, ha generado una disparidad de criterios a la hora de revisar los expedientes de los hombres y mujeres privadas de libertad.
Vemos con preocupación que en muchos casos los diputados que forman parte de esta comisión son los que toman las decisiones de otorgar libertades o no, lo que es una intromisión en el trabajo y las decisiones que deben tomar los jueces, que es a quienes les competen estas medidas.
Otra de las críticas que considero oportuno señalar, que además considero la más grave, es las expectativas que se han creado en la población privada de libertad y sus familiares, que ante la opacidad de información se han imaginado que todos los presos van a salir en libertad, cosa que no es así, pero al no haber reglas claras, todo queda a la libre imaginación, más dentro de un grupo de la población que ha tenido que sufrir las consecuencias de un sistema penitenciario cuya característica principal son las violaciones reiteradas de los derechos humanos, dejando de cumplir con la función de reeducar a la población privada de libertad, sino más bien haber convertido a las cárceles y centros de detención preventiva en depósitos de seres humanos.
Por último, quiero referirme al plazo de 60 días que Nicolás Maduro dio a esta comisión para descongestionar los centros de detención preventiva del país, asunto que desde el primer momento consideré que era imposible de cumplir y que ahora, a casi 40 días de haberse dado esta orden, puedo decir con absoluta responsabilidad que no podrá ser realizado. Aún quedan muchos centros de detención preventiva que atender, tenemos que tomar en cuenta que son más de 500 espacios en todo el país convertidos en pequeñas cárceles, con una población aproximada de 65.000 reclusos, cifras de Una Ventana a la Libertad, antes del inicio de la llamada revolución judicial.
En lo personal, apuesto por la descongestión de los centros de detención preventiva y que vuelvan a ser espacios transitorios solo para las primeras 48 horas de detención y no en las nuevas cárceles venezolanas.
