La Asociación de Estudios Latinoamericanos (Lasa, por sus siglas en inglés) mostró, en un informe difundido este sábado por la ONG Provea, su «preocupación» por la «grave» situación de los profesores de las universidades públicas de Venezuela, quienes, debido al «deterioro de sus salarios y condiciones de trabajo, no pueden «ejercer adecuadamente sus labores académicas».

Según la Lasa -la asociación profesional más grande del mundo que integra individuos e instituciones dedicadas al estudio de América Latina y Caribe- «la falta de una remuneración adecuada afecta la libertad académica, el derecho a la educación de estudiantes universitarios, comprometiendo el desarrollo científico y social del país».

Para la organización, urge asegurar los derechos laborales de los profesores «para que puedan contar con un salario y condiciones de vida dignas», y así «garantizar el derecho a la libertad de expresión y la libertad académica».

El documento recuerda que, de acuerdo con los principios adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, «la distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico».

El presupuesto público debe observar la proporcionalidad necesaria para que todas las instituciones de educación superior puedan desarrollar sus actividades con igual autonomía. La transparencia es un requisito indispensable para los Estados en sus gestiones presupuestarias», prosigue el escrito.

En ese sentido, la Lasa instó al Gobierno a asegurar «el pleno derecho a la libertad académica, a la remuneración y prestaciones sociales justas con el fin de asegurar que la academia se dedique a sus tareas más importantes: investigar, impartir y compartir conocimiento».

Los maestros y profesores, así como otros trabajadores de la Administración pública, se manifiestan regularmente para exigir un salario que permita, al menos, cubrir sus necesidades básicas.

Actualmente, el salario mínimo, que perciben miles de empleados públicos, es de 130 bolívares mensuales, que equivalen a unos cinco dólares, 25 dólares menos que en marzo de 2022 -fecha de la última subida salarial-, una pérdida del poder adquisitivo provocada por la acelerada devaluación de la moneda local a consecuencia de la inflación.

Organizaciones nacionales e internacionales han tratado de negociar con el Gobierno una mejora de las condiciones laborales, pero, hasta el momento, han resultado infructuosas.

El Ejecutivo culpa a las sanciones internacionales de esta situación y las señala como las responsables de no poder pagar a los empleados públicos un salario acorde al costo de la vida en el país.

A juicio de la Lasa, «tan dramática situación explica el éxodo de investigadores a otros países o a otros sectores de la economía, la drástica disminución de la matrícula estudiantil y la incapacidad de las universidades de generar el necesario relevo generacional dentro del profesorado».

Con información de EFE

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