Este viernes se activó un registro digital para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales que quieran trabajar en el país a fin de fomentar la transparencia de la labor de las mismas y facilitar la coordinación con el Estado y actores involucrados.
Por: El Espectador de Caracas con información de El Nacional
El proceso será indispensable para desarrollar actividades en Venezuela.
«Bienvenidas las organizaciones que quieran aportar, respetando las leyes nacionales», escribió el canciller Jorge Arreaza en Twitter.
Normalizar operaciones
Mediante el dominio www.regong.mppre.gob.ve, las ONG internacionales ingresarán al nuevo Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong). Esto permitirá normalizar sus operaciones en Venezuela.
En un comunicado de prensa, la viceministra de Relaciones Exteriores para Temas Multilaterales, Daniela Rodríguez, indicó que la plataforma «representa una oportunidad para los distintos actores del ecosistema humanitario».
Aseguró que da «pie al establecimiento de un registro necesario con miras a facilitar la creación de canales de comunicación efectivos y oportunos» entre el Estado y las organizaciones «para garantizar, tanto el cumplimiento del marco jurídico vigente, como facilitar los procedimientos administrativos y legales».
La Cancillería destacó, asimismo, que es importante «la fiabilidad de la información suministrada» por las organizaciones debido a que el ministerio de Exteriores «constatará su veracidad y confiabilidad».
Esto, aseguró, «representa un requisito indispensable para otorgar el certificado de inscripción».
«Algunos de los datos que solicita el sistema automatizado a las ONG durante el registro son denominación; lugar de constitución; dirección en el país y domicilio; objeto, actividades a realizar y datos de la representación en Venezuela», agregó.
El mes pasado, la oposición venezolana denunció que Nicolás Maduro busca controlar y obstruir el trabajo de las ONG al pedirles que rindan cuentas sobre sus actividades y beneficiarios, así como información sobre sus movimientos financieros para que no sean «ilegalizadas».
