Beltrán Haddad
La debilidad del sistema de justicia en Venezuela es histórica. Es la sempiterna crisis que aflora en cualquier momento con la queja o reclamación sobre ese decaimiento perpetuo de la justicia. Y así, con el paso de los años todo resulta infructuoso porque la justicia es traicionada por uno u otro de los componentes del sistema de justicia, ya sea el juez o el fiscal del Ministerio Público, entre otros. En fin, la situación tiene que ver con la justicia y la legalidad, con la justicia y la corrupción, con la justicia que no tiene vida, con la justicia del juez temeroso, con la justicia que niega la participación ciudadana, con la justicia selectiva o con la que, en tiempos de pandemia, bloqueo imperialista o de salarios ínfimos e inaceptables, se convierte en justicia facturada en dólares. Esto último es la actual manifestación de la corrupción judicial que nadie puede tapar.
El día que tengamos la certeza de una justicia que proteja a los ciudadanos, basada en la eficacia normativa de la ley, ese día será el fin de esa justicia moralmente en ruinas. Pero ello significa luchar por la legalidad y reflexionar sobre un nuevo proyecto de sistema de justicia que acabe con las estructuras del sistema actual, ya cansadas y maleadas de viejos vicios, de engaños, de tanto rebuscamiento y privilegios encubiertos. También, algún día, será posible rescatar la participación ciudadana y hacer realidad el artículo 253 de la Constitución bolivariana cuya norma proclama que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas. Esa participación es una discusión de siglos y obedece a la necesidad de determinar si la justicia es suficiente cuando es administrada sólo por jueces profesionales o si su sentido esencial está en ser impartida por los ciudadanos a través de los jurados.
En casi todos los países existe el “jurado”. El juicio con juradosen Venezuela nació con la Constitución de 1811. Luego se incorporó en el Copp, pero en el año 2001 se eliminó por sugerencia de unos magistrados que erróneamente vieron culpable al “Jurado” del retardo procesal y de los males de la justicia. Eliminar la participación ciudadana fue un retroceso, como buscando el plan inquisitivo del anterior Código de Enjuiciamiento Criminal. Pero una cosa es cierta: presenciar un juicio en audiencia pública no es participación ciudadana en el acto de administrar justicia. Queda claro.
