Beltrán Haddad
El fenómeno de la emigración es complejo. Se trata del hecho de una persona de establecerse en otro país o región, generalmente por razones económicas o sociales; sin embargo, hay emigraciones forzadas que tienen sus causas en las guerras o en las crisis y por millones son los desplazados. Pero también existe el llamado fraude en la emigración. Últimamente esta acción delictual se viene perpetrando en regiones costeras venezolanas, con alto riesgo para la vida de las personas por las condiciones de inseguridad marítima concurrentes en el hecho migratorio que ejecutan con embarcaciones no adecuadas.
Hay razones históricas para las diferencias en el bien jurídico protegido y la evolución que ha tenido el fraude en la emigración. Ya no se trata de una ofensa al Estado porque emigrar no es delito y el inmigrante no es delincuente. Lo que se castiga es el fraude en la emigración y lo comete la persona que, con un fin de lucro, induzca a emigrar, engañando a cualquiera, con hechos que no existen. Eso ha sucedido en estos tiempos y muchas personas han sido engañadas; le pintan un país extranjero de bienestar, de trabajo y de buen vivir, sobre todo los engañan con países sin desarrollo social y grandes periferias de pobreza. Bajo ese engaño, de cosas y paraísos que no son verdades, son instigados a salir del país. Esas personas, atraídas por el espejismo de la emigración, provocado por el engaño, están dispuestas a creer lo que oyen, caen en el error y entregan el dinero que le piden.
En el campo penal importa el fraude en la emigración por la afectación del patrimonio de la persona instigada a emigrar bajo engaño. En la época colonial el ius migrandi sirvió para que hombres y mujeres de otros continentes llegaran a estas tierras. En la actualidad, aquellos derechos -entre ellos el de emigrar- que fueron proclamados como iguales y universales, aun cuando eran desiguales y asimétricos en la práctica como diría Ferrajoli, ya no lo son. Hoy la inmigración corre el riesgo de estar sometida a dos terribles realidades, o es objeto de delito mediante el fraude o es inmigración condenada.
Podemos observar cómo la Unión Europa, EEUU y algunos gobiernos latinoamericanos vienen mostrando una conducta indigna, de aversión, violencia y de leyes discriminatorias contra los inmigrantes, cuando lo correcto es castigar el fraude, pero no condenar a la inmigración.
