Beltrán Haddad
El presidente Maduro ordenó acabar con las irregularidades en las alcabalas de todo el país a raíz de la denuncia de un diputado, quien señaló que “de las regiones salen 100 productos y llegan 45 a Caracas porque en el camino los productores deben ir bajando mercancías en las alcabalas”. El Presidente dio la respuesta acertada: acabemos ya con las irregularidades en las alcabalas. O lo que dice la gente en lenguaje más directo, coloquial si se quiere: ¡ya basta de las alcabalas ladronas!
Tradicionalmente, en esas alcabalas concusionarias -así las calificamos- se dan casos de exigencias que avasallan la voluntad de cualquier particular que pasa por ellas llevando su mercancía, y uno piensa y recibe esa imagen de ellas, tormentosa, como si fueran “salteadoras de caminos”. Por supuesto, hoy se montan en carreteras y autopistas.
El término “alcabala” viene de un antiguo tributo que por compraventa o trueque se pagaba al Fisco y el “alcabalero” era el recaudador de esa institución impopular que surgió en la Baja Edad Media y entró por primera vez desde España a estas tierras por México (1574). Fue abolida en el siglo XIX, pero ya se había extendido lo suficiente en la América colonial para quedarse en el tiempo y servir a la corrupción bajo una modalidad de control y seguridad. Por lo general, el delito perpetrado en las alcabalas es de vieja data. Se llama “concusión” y lo comete el funcionario que, abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
La concusión aparece primero en el derecho romano y representa la idea de “sacudir un árbol para hacer caer sus frutos”. A partir de esta representación, la “concusión” sería el delito de los que emplean violencia contra otros para arrancarles dinero; sin embargo, predomina la idea de concusión bajo ese miedo a la autoridad que representa el funcionario que te despoja de lo que llevas. Estamos ante un concepto de “concusión” que la escuela clásica de derecho penal (Carrara) lo constituye como el hecho especial de los que obtienen lucro de otros empleando el miedo, pero cuando ese miedo resulta de la fuerza pública, no de la privada, y está en juego la justicia pública a la que todos tienen derecho, el delito se hace social. Por ello es importante la decisión de Maduro. Ya han cerrado unas cuantas. ¡Qué alivio para los productores!
