Dicho en dos palabras, la nueva reforma tributaria colombiana, mejorada después de la debacle causada por la primera, impondrá mayores impuestos para las empresas y concederá menores exenciones.
Como nuevo ministro al frente del sector, José Manuel Restrepo tratará de cruzar a nado el turbulento río que separa a Colombia de las elecciones presidenciales de 2022. Con este nuevo proyecto de ley presentado a consideración del Legislativo, el gobierno intentará estimular la confianza del colectivo y buscará generar la sensación de estar remontando la cuesta de la crisis económica desatada por la pandemia. Con ello aportará a la difícil contienda electoral que decidirá la suerte del país, aunque los resultados de esta nueva reglamentación no podrán hacerse presentes antes de los comicios.
Lo cierto es que además de los estragos provocados por el COVID en la economía a partir de 2020, ya Colombia veía cojeando severamente. Tanto que el bajón de la pandemia colocó al país en tal estado de fragilidad que perdió el grado de inversión que había ganado a pulso. El año pasado todas las variables se desacomodaron. La deuda ascendió hasta 60% del PIB, los ingresos se desplomaron debido a la atonía del sector industrial y los servicios y los gastos nacionales escalaron hasta las nubes.
La situación de debilidad que se percibe en el ingreso del contribuyente de a pie es tal, que quienes redactaron la reforma fueron conscientes de que solo queda acudir a las empresas para que sean estas las que consigan el redespegue del país. A los individuos no se les tocará ni con el pétalo de una rosa. Ni el IVA ni sus impuestos sobre la renta serán aumentados y, por ahora, las pensiones quedarán también intactas. A las compañías les tocará pagar una tarifa de 35% hasta el año 2025 y los bancos y entidades financieras salieron desfavorecidos con 38%.
No hay otra salida. El gobierno no conseguirá con este nuevo texto tributario recabar los 6.000 millones de dólares anuales adicionales a los que apuntaba la anterior reforma y deberá contentarse solo con 3.500 millones de dólares adicionales. Pero de este incremento del contingente monetario que irá a parar en las arcas del Estado, 69% lo aportarán los negocios y el 31% restante se alcanzará con recortes en el gasto público y un esfuerzo mayor en la batalla contra la evasión.
Por el lado del gasto, se favorecerá la creación de empleo y al sector educativo. El ingreso solidario –42 dólares mensuales– que están recibiendo los hogares de pocos recursos se extenderá hasta finales de 2022 y alcanzará a los 4 millones de hogares, es decir, 700.000 hogares más que en el actual momento. Cuánto le resolverá la vida esta ayuda a los nuevos 3 millones de colombianos que pasaron a engrosar las filas de los considerados pobres desde la pandemia aún no se sabe, pero sin duda que el esfuerzo por ayudar al desposeído está claramente presente en el trasfondo de estas nuevas regulaciones. Los incentivos previstos en el texto legal plantean subsidiar el 25% del salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años, con lo que se beneficiarán cerca de 319.000 jóvenes. La tasa de desempleo juvenil quedaría reducida a 19,3% desde el 24,2% observado en 2020.
Cabe destacar cómo el terreno educativo se llevará una buena tajada de los montos asignados a protección social. Se pagará el costo de matrícula de 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Así las cosas, de progresar esta iniciativa en el Congreso, Colombia contará con un ambiente tributario equilibrado para continuar el esfuerzo de extraer a nacionales de la pobreza. El acento puesto en los programas sociales comenzará a verse en muy breve plazo, incluso dentro de este mismo año 2021, lo que juega a favor del partido de Iván Duque y de quien resulte ser su candidato en mayo de 2022.
