Mañana habrá un nuevo presidente en Colombia y se producirá un giro difícil de anticipar en el modelo de desarrollo que este mandatario con pasado guerrillero abrazará para su país. Lo respaldan 11,2 millones de sus compatriotas.

Beatriz De Majo / El Nacional

Hay mucha expectativa, mucho temor y cantidad de especulación sobre el rumbo que adquirirá el país que ha podido exhibir durante décadas la mejor estabilidad económica del continente.

Del nuevo mandatario se sabe lo que ha mostrado de su vinculación con el M19, su larga carrera como parlamentario y se conocen los escuálidos resultados de su paso por la Alcaldía de Bogotá. Nada de ello le vale muchos laureles. Cada una de las propuestas que están sobre la mesa son inquietantes cuando vienen de un gobierno que se califica a sí mismo de izquierda progresista.

Los proyectos gubernamentales cuyas líneas generales serán dibujadas el domingo y en los días sucesivos y los que generan la mayor expectativa tienen que ver con la vocación petrolera de Colombia, el nuevo modelo de desarrollo agropecuario, la reforma tributaria, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, y un nuevo proceso de negociación de paz con los alzados en armas del ELN.

A este último proyecto el presidente electo le ha dedicado una atención personal por considerarse mejor equipado que otros para cuadrar con esta fuerza guerrillera una oferta de desmovilización y de reinserción que funcione. Si se toma en cuenta el apoyo que este político le dio al proceso encabezado por Juan Manuel Santos que concluyó con el Acuerdo de La Habana, habría que pensar que podría repetirse un modelo calcado del anterior. Preocupa mucho que su visión de la justicia y el perdón en este terreno pudiera ser incluso más permisiva que la del presidente Santos. Son notorios los tropiezos que ha tenido el esquema de Justicia para la Paz (JEP) que fue parido a partir del pacto de 2016.

El nuevo presidente cordobés propugna un cambio radical en la matriz energética del país. Siendo como es un experto en las tesis conservacionistas, pretende dejar atrás la economía extractivista y potenciar la producción como una política para enfrentar el cambio climático. Ha prometido que detendrá los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera, no darán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni permitirán la gran minería a cielo abierto. La hora no es buena para este tipo de iniciativas cuando la invasión rusa a Ucrania tiene todas las miradas centradas en el petróleo y el gas y el ambientalismo ha sido dejado para una mejor hora.

Otro terreno que debería recibir un revolcón positivo es el agropecuario. Petro se dice partidario de la autosustentación y desea poner en marcha una reforma agraria que ataque la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra, garantizando el derecho a la tierra de las familias rurales. Su norte ―lo ha repetido hasta el cansancio― es desincentivar los latifundios. Nadie sabe a través de cuáles vías Colombia virará a la autosuficiencia alimentaria con pequeñas unidades de producción y estos son los proyectos que mayor desconfianza generan dentro de los conocedores de estas materias.