Una de las más grandes empresas transnacionales españolas acaba de anunciar su decisión de mudar su sede a los Países Bajos. El revuelo que esto ha causado en los medios gubernamentales de Pedro Sánchez es lo más diciente en cuanto a la filosofía que inspira a la administración del PSOE y sobre la atrabiliaria orientación económica de quienes manejan los destinos de España.

La airada reacción de los altos jerarcas del gobierno ha ocupado grandes titulares en la prensa nacional. No se le han ahorrado calificativos muy erosivos a la dirección de la empresa en cuestión, el presidente no atiende el teléfono a quien actúa como responsable de la conducción de la empresa, se han abierto averiguaciones para encontrar un resquicio legal del cual aferrarse para impedir la bellaca migración y se han adelantado toda clase de descalificaciones al ente empresarial que simplemente ha considerado otro destino para el manejo de sus operaciones porque las condiciones que allí consigue resultan ser más beneficiosas a los intereses de sus accionistas.

Ferrovial nació en España hace más de 70 años, cotiza sus acciones en la bolsa y hoy tiene operaciones en al menos 20 países, habiendo manejado desde su creación más de 30 aeropuertos, entre ellos los más importantes de Inglaterra y construido autopistas de gran envergadura. Se desempeña en el terreno de infraestructura de transporte a través de cuatro divisiones: Autopistas, Aeropuertos, Construcción​ e Infraestructuras Energéticas. Sus exitosas operaciones a escala global le han valido no pocos reconocimientos internacionales particularmente en el área de sostenibilidad. Dow Jones, desde el año 2002, la incluyó en el índice de empresas su lista de empresas más sostenibles del mundo.

La reacción oficial ha estado cargada de sectarismo izquierdoso y orientada a la estimulación del odio de clases. Los epítetos lanzados por el jefe del Gobierno, no en privado sino desde su posición de mandatario, y en viaje oficial a otros países de la Unión Europea, deberán poner a pensar dos veces a quienes estén considerando traer sus capitales a desarrollar actividades económicas en España. Tal como ha dicho el conocido articulista Ignacio Camacho: ”La fuga fiscal de una gran compañía, que es de lo que se trata a fin de cuentas… resulta un acontecimiento de negativa repercusión estratégica, tanto si se considera desde una perspectiva ideológica de izquierdas como de derechas”. Sin embargo, el mal manejo de la novedad por parte del inquilino de la Moncloa y de su equipo es lo que, al final, queda en la mente del colectivo.

La empresa en cuestión, por su lado, no ha recogido el guante. En ningún momento han tenido la tentación de responder a los insultos, ni se han manifestado en torno a la peor de las acusaciones, que es la que tiene que ver con su falta de patriotismo, como si fuera ello lo que está en juego. Tampoco se han atrevido a llamar la atención sobre los cuantiosísimos impuestos enterados en el fisco español a lo largo de los años, ni han dicho una palabra sobre la peregrina propuesta de uno de los ministros de Sánchez de reintegrar al Estado español cada una de las “ayudas” que recibió para su operación y para su crecimiento.

El caso es que el empresariado de este país se encuentra ahogado por una presión tributaria desmedida y creciente que vulnera sus legítimos intereses. Dice el periodista citado en el ABC de ayer que “los sectores productivos del país se sienten desprotegidos, expoliados, sin fuerzas físicas ni morales para seguir sosteniendo la vertiginosa espiral de costes, impuestos y deuda mientras el aparato de poder incrementa su gasto con orgullosa incontinencia”.

El caso es que toda esta vergonzosa trifulca, protagonizada en solitario por el gobierno del PSOE y de sus acólitos de la izquierda radical, lo que hace es deteriorar la imagen del país como receptor de capitales de riesgo y como destino adecuado para operaciones empresariales de envergadura.  Es la marca “España” la que a fin de cuentas sale, de todo esto, muy mal parada.

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