Beatriz De Majo
Para entender lo que ocurre en la frontera venezolana con Colombia por los lados de Apure es preciso ser buen conocedor de la dinámica que transitó el país vecino desde el Acuerdo de Paz a esta parte. Nunca Colombia ha sido más violenta desde que la paz se consagró en un sacrosanto convenio entre el gobierno neogranadino y los alzados en armas.
Desde aquel entonces de 2016, varios de los frentes guerrilleros de las FARC que participaron de las tratativas de La Habana no comulgaban ni con la forma en que se negociaba la desmovilización ni con los acuerdos a que llegaron. Sin entrar en muchos detalles, dentro de las filas rebeldes aquellos que eran partidarios de convertirse en actores políticos a través de una fórmula de dejación de las armas no contaban con un irrestricto respaldo dentro de los frentes insurgentes que componían las FARC, pero salieron
victoriosos al hacerle digerir al mundo, de la mano del premio Nobel de la Paz, que gracias al convenimiento de La Habana nacería una nueva Colombia en la cual los terroristas defenderían sus ideas en el Congreso de la República. Un importante grupo de alzados en armas, los guerrilleros del ELN, no se sumaron a la gesta de Juan Manuel Santos y allí quedó enquistado todo un grupo criminal que no ha dejado a un lado sus propósitos de liberar a Colombia de una oligarquía considerada como perniciosa y de los gobiernos que le hacen el juego.
Mas de 4 años han transcurrido y las diferencias entre los subversivos se han ahondado por distintas razones, ninguna ideológica ni de principios, porque la existencia de tal cosa como una doctrina guerrillera en favor de la patria es una mera patraña. En la medida en que el plan de paz ha ido avanzando en el país, un actor genérico denominado comúnmente “disidencias de las FARC” se ha ido organizando para seguir ocupando más y más espacios en el territorio colombiano, sembrando el terror, utilizando a la violencia como medio para seguir cultivando sus relaciones con el narcotráfico y con otras actividades extractivas ilegales. Las disidencias no son tampoco un grupo monolítico sino un conjunto de agrupaciones criminales que se financian de los proventos de la droga y actúan en buen número de departamentos del país. Al lado de estos han proliferado bandas criminales armadas que igualmente se nutren del pánico que generan entre la población rural y las pequeñas empresas del campo, cobran contribuciones a la ciudadanía y a los narcotraficantes, contribuyendo así a entronizar un ambiente violento del cual el país no consigue divorciarse. Algunos de estos grupos actúan en alianza con carteles de la droga con amplísima experiencia en todo lo relativo a control territorial sobre las áreas en las que se cultiva y en las que procesa la coca.
Los más favorecidos de esa casta criminal son los que consiguieron sentarse en el Congreso colombiano, armar el partido político Comunes y presentar una cara maquillada de legitimidad, sin que su ánimo destructivo de la institucionalidad y la democracia haya mermado un ápice. Las disidencias de las FARC son las nuevas y mismísimas FARC, ahora bajo el mando de Iván Márquez y están ultraprotegidos por Caracas. En una lectura al documento de los Estatutos de los Comunes salta a la vista toda la falacia urdida por los revolucionarios.
A lo anterior hay que agregarle que el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en el juego para descomponer aún más la situación, contribuyendo a crear en Colombia un ambiente de caos que favorece su gesta revolucionaria en el norte de nuestro continente. La connivencia del gobernante con el ELN y con las disidencias de las FARC se hace sentir a través del apoyo que otorga en todos los terrenos de sus actividades criminales. Parte de nuestras Fuerzas Armadas han sido contaminadas con estas ejecutorias en las que igualmente participa, por trascorrales, el gobierno de La Habana, que pudiera –¿quién se atreve a negarlo?- ser el gran cerebro dentro de toda esta descomposición.
Si lo anterior fuera poco, nuevas investigaciones indican que esta región fronteriza del Arauca que separa a los dos países está siendo utilizada igualmente para hacer transitar las armas, municiones y explosivos con los que se están apertrechando el ELN y las disidencias en Colombia para sus operaciones.
Si alguien consiguió entender la miríada de actores que están presentes en la dinámica colombiana, entenderá igualmente que resulta imposible saber la realidad de lo que ocurre en la frontera del Arauca, que no es otra cosa que un escenario calcado de lo que ocurre en suelo neogranadino. Se trata de un ajedrez en el que cada protagonista tiene una versión propia de los hechos que se constituye en su verdad absoluta. Las viejas FARC, la nueva Marquetalia, las disidencias de Gentil Duarte, las otras disidencias que lo adversan, el ELN, las bandas criminales colombianas y los carteles del narcotráfico, el Cartel de los Soles, las fuerzas armadas venezolanas que combaten la droga y el régimen de Maduro con su grotesco componente de corrupción, cada uno de estos actúa en la región en función de su propio interés que se circunscribe únicamente a mantener el control territorial para sus fechorías. Los afectados son los ciudadanos, la población de a pie, y el gobierno en Bogotá que debe controlar el flujo desordenado de venezolanos sin poder incidir en nada de lo que ocurre del otro lado de la frontera.
Nadie puede echar luz total sobre estos hechos que aún se siguen desarrollando. Nadie. Cualquier interpretación será parcial. Desentrañar toda la verdad y determinar cuánta responsabilidad le corresponde a cada actor, a la hora actual, simplemente no es posible.
