Cuesta entender al público poco informado cómo es que los expertos de Joe Biden pudieron sugerir a su gobierno retirar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Las FARC habían sido incluidas en esta lista desde 1966.
Pero ello ocurrió esta pasada semana y se está dando en el momento en que en el propio Estados Unidos está recrudeciendo su batalla global contra el terrorismo. Así que echar luces sobre el tema ayudará a su mejor comprensión.
No se trata de que desde Washington se esté intentando otorgarle un soporte al Acuerdo de Paz firmado en La Habana, el cual se encuentra en vía de implementación por parte del gobierno de Iván Duque. Es muy notorio cuánto este convenimiento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC ha sido polémico en su forma, en su fondo y en la manera en que ha estado siendo instrumentado. Recordemos que el plebiscito sobre su conveniencia fue rechazado mayoritariamente por la ciudadanía en 2016, luego de la suscripción de la paz en Colombia.
Son muchos los elementos de este instrumento que han sido debatidos internamente y en particular el régimen de Justicia Especial para la Paz, que tiene detractores de enorme peso político, legal y social en Colombia. A finales del año pasado el organismo internacional que tiene a su cargo la evaluación del cumplimiento de los acuerdos, el Instituto Kroc, reportó que apenas una cuarta parte de los 578 puntos del acuerdo habían sido materializados.
Pero no es Estados Unidos el que se va a pronunciar sobre esta polémica que subsiste con mucha fuerza a cinco años de su rúbrica.
La realidad es que dentro de ese marco de paz las viejas FARC no solo decidieron su desmovilización y entregar las armas, sino que pusieron en marcha lo que se habían comprometido a realizar. Un partido político con las mismas siglas nació como consecuencia del nuevo escenario, luego de la disolución de su pie de guerra, y a esta fecha en el Congreso Colombiano sus representantes debaten junto con el resto de los parlamentarios gracias a la aceptación, del lado del gobierno, de esta inclusión. Ello lo que quiere decir es que los antiguos alzados en armas hoy actúan dentro de la sociedad colombiana con el acuerdo de sus autoridades y su dedicación al terrorismo ―lo que sí se configuraba como uno de sus objetivos en el pasado― cesó. Así lo ha determinado el mecanismo de seguimiento establecido por los norteamericanos a este fin. No debe olvidarse que son ellos los principales afectados, después del pueblo colombiano, por las fechorías cometidas por los narcoterroristas de esa antigua guerrilla.
No puede Washington, pues, como consecuencia de ello, mantener al extinto grupo dentro de su lista de terroristas si la organización dejó de existir.
Cabe recordar lo que los críticos de esta decisión de Washington no toman en consideración: el gobierno americano ha hecho expresa mención del hecho de que los cargos por crímenes y por narcotráfico contra los exmiembros de esta guerrilla subsisten y no corren el riesgo de desaparecer.
Antony Blinken, secretario de Estado, en el mismo acto en el que anunció la nueva configuración de la lista de instituciones terroristas de su país hizo énfasis en declarar que los grupos exintegrantes de las FARC que hoy siguen siendo los responsables de buena parte de la violencia en el país vecino, sí continúan, a esta fecha, figurando en la lista negra estadounidense.
Una vez más nos encontramos frente a una interpretación parcial ―e interesada, sobre todo― de un fenómeno que para ser comprendido en toda su extensión debe ser seguido con minuciosidad y detalle.
