“El pleno disfrute de los derechos humanos requiere un poder judicial independiente y depende de él”.
Eso afirma la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite en el informe inicial que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con ocasión del 53 período de sesiones del mismo que se está realizando hasta el 14 de julio del presente año. Ese informe, debería resonar con fuerza en esa instancia internacional pero es lo cierto que, en el caso de nuestro país Venezuela, miembro de la ONU, quienes dirigen el país a ello hacen oídos sordos.
Conforme al artículo 253 de la Constitución de 1999, el sistema de justicia venezolano, no solo lo integra el Tribunal Supremo de Justicia y los distintos tribunales que determine la ley, sino también el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo Poder Judicial; forman parte asimismo de dicho sistema los órganos de investigación penal, los funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y los abogados en ejercicio. Hay allí entonces un entramado institucional que, con vista a los actuales resultados, ha fracasado en su accionar, sobre todo por la cooptación que respeto de tres de los órganos que componen el sistema, tiene el partido político gobernante sobre los mismos, a saber, el máximo tribunal del país, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
A diferencia de lo que ocurrió en la democracia civil, esa que tuvimos entre 1959 y 1998, la gran mayoría de los miembros que integran esas tres instancias gubernamentales, estuvieron vinculados, quizás hasta horas antes de su designación, con el partido gobernante en Venezuela. No fueron ni siquiera simpatizantes del mismo sino, realmente, militantes, que abandonaron esta solo a los efectos de postularse al cargo que sabían les sería asignado.
Esa parcialización origina, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional, en reciente decisión, permita al señor Fiscal ante la misma que continúe las investigaciones que adelanta su despacho respecto de la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, como consecuencia que, el órgano interno encargado de adelantar las mismas, vale decir, el señor Fiscal General de la Nación, no está haciendo lo propio para ello.
En cualquier país serio, una decisión como esa no solo habría ordenado una investigación parlamentaria destinada a establecer responsabilidades políticas, sino que, el funcionario del cual se deriva la decisión, habría renunciado inmediatamente pero ello en nuestro país, es un imposible pues este, cuando menos hasta el momento, goza de respaldo gubernamental pleno.
Igual acontece con el señor Defensor del Pueblo.
Si en Venezuela existe, tal como lo reconocen los organismos internacionales que prestan atención al tema de los derechos humanos, violaciones a estos, correspondería al mismo ser, no solo el adalid de su defensa, sino también de la denuncia de los mismos, pero ello simplemente no ocurre. La persona que ocupa esa posición permanece ciego, sordo y mudo ante los acontecimientos que se desarrollan en esa materia en nuestro país, dejando esas acciones a perseguidas organizaciones defensoras de derechos humanos, respecto de cuya situación permanece igualmente en sepulcral silencio, pero eso si, cobrando quince y último su salario, ni más faltaba.
Por lo que concierne a la máxima instancia judicial del país, resulta supremamente inusual que sentencien contra los intereses del gobierno de turno, demostrando la situación de dependencia que tienen respecto de quienes ocupan posiciones en este, lo cual permea hacia los estratos inferiores de la judicatura quienes, cuando se trata de casos en los cuáles de alguna manera, algún interesado con poder pudiere tener interés, esperan las instrucciones correspondientes, a los efectos de ajustar sus decisiones a estas.
En democracia es insostenible una situación como esa.
Como bien lo señala la señora Relatora en el mismo informe, “El derecho internacional de los derechos humanos exige que los Estados establezcan ordenamientos jurídicos independientes e imparciales que garanticen que nadie esté por encima de la ley, que nadie quede fuera de la protección de la ley y que nadie sea excluido o perjudicado por la ley”. Esas cuarenta y siete palabras reflejan nuestras carencias internas.
Los constituyentes de 1999 diseñaron un sistema independiente e imparcial; sus ejecutores vulneraron ese principio.
En la Venezuela de la revolución bonita, unos están por encima de la ley y muchos fuera de su protección, así como buena parte de la población excluida o perjudicada por la misma. Esa situación debe cambiar y ello solo será posible si los ciudadanos, la mayoría de nosotros, con nuestro accionar, nos ponemos de acuerdo para que sea posible.
Gonzalo Oliveros Navarro
@barraplural
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